Por Jorge Giles. El caso Strassera desnuda a una oposición política que se muestra anacrónica e incapaz de entender que esta Argentina del Bicentenario no es la misma del siglo pasado. Reaccionan “desagraviándolo” porque es una forma de ser indulgentes con ellos mismos y con la mediocridad que demostraron cuando fueron gobierno.
No es sólo la impunidad de los genocidas la que se terminó, también es la de sus cómplices civiles. Aunque cueste, la sociedad en su conjunto deberá procesar la cuota de responsabilidad que le cabe por los estropicios morales causados por el terrorismo de Estado. Las autoproclamadas “deidades republicanas” deberán dar cuenta de ello en primerísimo lugar.
En esta hora de encrucijadas, Strassera eligió actuar como el fiscal de la dictadura que fue y no como el que juzgó a los jefes de la dictadura.

Al hacerlo, provoca la complicidad de radicales y “PJ” de derecha detenidos en el tiempo y que, a falta de ejemplos íntegros, lo rescatan cual héroe de barro construido durante un breve tiempo, a quien derribaron a fuerza de leyes de impunidad a posteriori, para volver a pasarle el plumero del olvido y homenajearlo finalmente en estos días.
Ni a Fellini se le hubiese ocurrido.
Ese sector político muestra así una carencia de ética y honestidad republicana, que explica su conducta sumisa ante las corporaciones y agresiva frente a los gobernantes que, desde el 2003, impulsaron el juicio y castigo a todos los culpables, no sólo a un pequeño grupo.
¿Qué es el cinismo sino el culto a la farsa de la historia? ¿Los mismos que echaron por tierra el juicio a los genocidas, con el punto final, la obediencia debida y los indultos, son los que homenajean al que en una hora de gloria posibilitó la condena a los comandantes?
Por otro lado, ¿el hombre que cuando ofició de fiscal de la dictadura interrogó a Lidia Papaleo atada a un camastro hospitalario, ahora es premiado por su foja de servicio presuntamente inmaculada?
¿Esa será la “contracultura kirchnerista” que proclamaron los diputados radicales Margarita Stolbizer y Ernesto Sanz? Es bueno que lo avisen a tiempo, porque serán millones los que seguirán fortaleciendo la cultura de la verdad, la memoria y la justicia iniciada el 25 de mayo de 2003 cuando asumió Néstor Kirchner y continuada en nuestros días con la veintena de juicios contra el terrorismo de Estado a lo largo y ancho del país.
Esta vez, no habrá vuelta al pasado.
“La culpa no es del chancho”, dice el antiguo refrán popular. Los responsables de tamaña ignominia son los cómplices de ese hombre que cuando decenas de miles de compatriotas sufrían cárcel, torturas, asesinatos y desapariciones, juraba por las actas y los estatutos del proceso de reorganización nacional; negó el hábeas corpus en defensa del ex gobernador Jorge Cepernic, como contó la Presidenta en su dolido mensaje; negó todos los hábeas corpus que le presentaban los familiares de los detenidos políticos; aceptó que así lo hacía porque “yo era fiscal y cumplía con las pautas.

Somos muchos los fiscales que en ese momento denegábamos hábeas corpus. Era la legislación vigente. Si Cepernic estaba a disposición del Poder Ejecutivo (Videla) se decidía el rechazo del hábeas corpus”; avaló la negativa de los hijos presuntamente apropiados por la señora de Noble a someterse a exámenes genéticos con la misma lógica procesista de Elisa Carrió; el que declaró que la dictadura no lo echó “porque yo era un funcionario como la gente” y agregó: “Yo lo único que espero, y esto no deja de ser una manifestación política, es que (los Kirchner) terminen presos”.
Este hombre es una metáfora de la democracia tutelada que vamos dejando atrás.
Pero nada resulta más aberrante y ofensivo que saber que Julio Strassera supo escribir una carta a varios ex presos políticos, con fecha 23 de marzo de 1994, informando sobre la remisión por parte del Ministerio del Interior del menemismo, Resolución número 15, que ordenaba pagar las indemnizaciones acordadas por Ley 24.043 y que él tramitaría el cobro de cada ex detenido “previo convenio de honorarios equivalente al 15% del valor pecuniario que se logre obtener”.
No hacía falta abogados para percibir ninguna reparación por parte del Estado.
Las personas que se acercaron indignadas hasta nosotros en estos días muestran la firma de Strassera al pie del recibo que entregó a cada ex preso por la friolera de 15 mil dólares y algunos, hasta 19 mil dólares.
O sea, el mismo que interrogó y pidió condenas a detenidos en tiempos de la dictadura, les cobró luego, en democracia, jugosos honorarios cuando fueron liberados.
Desde esa “moral”, sólo puede acusarse a sí mismo.
Ninguna de estas personas, vale aclararlo, pretende que Strassera les devuelva ese dinero que les correspondía legítimamente por ser ex presos de la dictadura de la que él formó parte, ni pretenden homenaje alguno.
Sólo arriman su indignación en esta hora en que se está rompiendo el molde de una democracia que sirvió de cobijo a quienes se reciclaron después de su colaboracionismo, ayudados por los paladines “políticamente correctos”; tan correctos que seguramente, llegado el caso, volverían a quitarle las esposas a Lidia Papaleo y negarles el hábeas corpus a miles de ciudadanos que desaparecieron en la larga noche de la dictadura.
Eso sí, lo seguirían haciendo con “buenos modales” y “sin crispación”.
¿Es que acaso no se sienten siquiera avergonzados los opositores que llegaron hasta el último peldaño de la desvergüenza y el impudor ante las víctimas de la dictadura?
Todos ellos son “Strassera” por su propia decisión: colaboracionistas del olvido y la impunidad.
En la ofensa proferida contra la presidenta Cristina Fernández y el ex presidente Néstor Kirchner, ofenden la memoria de los 30.000 desaparecidos, ofenden a quienes se honran en ser testigos contra los genocidas, ofenden a las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo y ofenden al único gobierno democrático que hizo posible que se haga justicia sin aceptar límite alguno, desterrando para siempre la resignación moral a la que quisieron acostumbrarnos.

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