La ley establece que un máximo del 15% de las tierras, podrá estar en manos extranjeras.

La presidente Cristina Kirchner firmó el decreto 274/2012, que reglamenta la Ley 26.737 aprobada en diciembre por el Congreso nacional, y que estableció el «Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales»

Según el decreto, las provincias deberán informar, dentro de los 60 días, «la superficie total de cada una de ellas, sus departamentos, municipios o divisiones políticas equivalentes, discriminando las correspondientes a tierras rurales y urbanas».

Asimismo, deberán informar la totalidad de predios rurales de titularidad de personas físicas o jurídicas extranjeras, según surja de los organismos provinciales competentes, o en posesión de extranjeros, ordenados por departamento, municipio o división política equivalente.

La norma establece que «las tierras rurales serán las que surjan de detraer de la totalidad del territorio provincial, departamental, municipal o divisiones políticas equivalentes el correspondiente a los ejidos urbanos determinados a partir de las constituciones, leyes o decretos provinciales, cartas orgánicas u ordenanzas municipales».

Asimismo, establece que «en los casos en que se verifique la modificación de participaciones societarias que no sean informadas en tiempo y forma, el Registro Nacional de Tierras Rurales pondrá en conocimiento de la situación al organismo de registro societario competente, a la Administración Federal de Ingresos Públicos, (A.F.I.P.), y a la Unidad de Información Financiera (U.I.F.), a los efectos de que investiguen si se encuentran cumplidas las obligaciones de registro, impositivas y de prevención de lavado de dinero relativas a las personas y bienes involucrados».

La denominada Ley de Tierras fue aprobada el 22 de diciembre pasado por la Cámara de Senadores, con 62 votos a favor y sólo uno negativo.

La misma establece, entre otras cosas, un límite del 15% para toda titularidad de dominio o posesión de tierras rurales en el territorio nacional respecto de personas de nacionalidad extranjera.

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