La AFIP de Río Cuarto detectó una operatoria de comercialización de granos en negro de 150.000 toneladas de soja y maíz, que representan una evasión de 140 millones de pesos. En la maniobra están involucradas tres grandes empresas cerealeras cordobesas, establecimientos de acondicionamiento y acopio granarios, así como estudios jurídicos y contables.

En el marco de esta investigación, la AFIP allanó, por orden del Juzgado Federal de Villa María a cargo de Mario Garzón, 11 domicilios en las localidades Oliva y Corralito.

Allí se secuestraron elementos que dan cuenta de la apropiación de claves fiscales de terceras personas, como así también la existencia de cheques y valores de terceros en propia cartera, que significan el retorno del dinero de parte de los proveedores inexistentes, informó la AFIP en un comunicado.

En los procedimientos colaboró la Policía Federal, delegación Villa María.

Además, las firmas acusadas utilizaban “prestanombres” de sujetos insolventes y sociedades fantasmas para ocultar los verdaderos operadores y, de este modo, obtenían créditos fiscales falsos. A su vez, arrendaban dos plantas de acopio completamente en desuso, para utilizarlas como pantallas con el fin de hacerse de mayores cantidades de cartas de porte y poder así movilizar el cereal comercializado en negro.

De acuerdo a los procedimientos realizados, se pudo determinar la presunta participación por parte de un importante grupo de empresas y profesionales cuya base de operaciones se encontraba en la zona rural del departamento Tercero Arriba, que se destaca por ser una región relevante producción granaría del centro de la provincia de Córdoba.

También se obtuvo una significativa información sobre un sinnúmero de productores agropecuarios que al realizarse los allanamientos estaban comercializando de manera ilegal su producción.

En función de la gravedad de las maniobras detectadas, la AFIP Río Cuarto interdictó sin derecho a uso 1.812 toneladas de cereal en negro encontrado en el momento de los procedimientos, equivalente a un valor aproximado de $1.500.000.

El operativo fue realizado por 60 funcionarios de la AFIP, que actuaron por instrucción del Juzgado Federal de Villa María.

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