El gobierno de Cristina de Kirchner rechazó a través de un comunicado de la Cancillería la decisión tomada por la administración de Barack Obama de quitar a la Argentina de la lista de países beneficiados con preferencias comerciales por una disputa judicial de dos empresas estadounidenses con el Estado.

 

«Ante la decisión unilateral del gobierno de Estados Unidos de reducir los beneficios comerciales por un supuesto incumplimiento de un fallo arbitral por parte de la Argentina, la Cancillería informa que las dos empresas beneficiadas por la decisión del CIADI jamás aceptaron iniciar los trámites de cobro de las sentencias, de acuerdo al reglamento del ente arbitral y la legislación argentina», inicia el texto.

 

«Tampoco las autoridades comerciales de Estados Unidos aceptaron la propuesta argentina de resolver el diferendo interpretativo sobre el reglamento del CIADI, insistiendo en obligar que se aplique un mecanismo contrario al sistema legal vigente en la Argentina», continuó.

 

Las compañías son Azurix Corp, con sede en Houston (Texas) que se dedica al suministro de agua, y Blue Ridge Investment, una subsidiaria del Bank of America. Las firmas presionan para recibir compensaciones económicas por las medidas que el Estado Argentino tomó hace una década por 300 millones de dólares.

 

En 2002, el contrato de Azurix para dar servicio de agua potable y cloacas a 72 municipios de la provincia de Buenos Aires fue cancelado por el gobierno bonaerense. En busca de una compensación, Azurix demandó a la Argentina ante el tribunal arbitral del Banco Mundial, que en 2006 condenó al país a pagar a esa empresa una indemnización de 165,2 millones de dólares.

 

Blueridge está cargo de la demanda de CMS Gas Transmission Company, a la que también se le rescindió un contrato de suministro y recurrió al CIADI. En este caso, el tribunal también le dio la razón y fijó una indemnización de 133,2 millones de dólares en 2005.

 

En respuesta a la eliminación de la preferencias comerciales, la Cancillería lamentó «el intento de obligar a nuestro país a tomar una decisión violatoria de las leyes nacionales sobre pagos de sentencias». Según el comunicado, esas leyes «fueron respetadas por todos quienes obtuvieron sentencias favorables contra el Estado argentino, incluyendo las víctimas de la dictadura que recibieron reparaciones del Estado por las violaciones a los derechos humanos sufridas durante el pasado régimen militar».

 

«Pero, además, -continuá el documento oficial- resulta manifiestamente incomprensible una decisión que reduce en alrededor de 18 millones de dólares los beneficios de las empresas argentinas exportadoras frente a un comercio bilateral de bienes y servicios que alcanza los 18.000 millones de dólares y que es ampliamente superavitario para Estados Unidos».

 

Por último, el gobierno de Cristina de Kirchner responsabilizó a los bufetes de abogados que impulsan embargos contra la Argentina en nombre de bonistas que no aceptaron el canje de deuda. «El lobby ejercido por los fondos buitres para lograr esta decisión es una presión que nuestro país condena de forma contundente», señaló

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