El jefe de la UATRE realizó cortes de ruta para oponerse a la nueva ley del peón rural, que otorga más derechos a los trabajadores agropecuarios. Su defensa de la patronal, su vínculo con Duhalde y el deseo de alejar a Moyano del Gobierno

El colapso fue total en los accesos del Gran Buenos Aires durante el mediodía del 21 de diciembre. Piquetes en la Panamericana, en la Autopista Buenos Aires-La Plata, en el Puente Pueyrredón y en diversas rutas del interior del país. “Son dos o tres horas, nada más”, se excusó Gerónimo “Momo” Venegas, el secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), y quien pergeñó las decenas de cortes a nivel nacional como elemento de presión para evitar lo inevitable: que el Senado le diera sanción definitiva al nuevo estatuto del peón rural. Una norma que el sindicalista duhaldista calificó como “una traición a los trabajadores”, en un acto que encabezó frente al Congreso, cerca de las 13 del mismo 21. Pero, a pesar de la presión, la legislación fue promulgada en la Cámara alta casi por unanimidad: 68 votos positivos contra 1 negativo, el de Carlos Saúl Menem. Cinco días antes, en la madrugada del 16 de diciembre, el proyecto había recibido media sanción en Diputados, al contar con 174 votos a favor y sólo 4 en contra, en una sesión parlamentaria que resultó convulsionada por el proceder de los socios políticos de Venegas.

La nueva legislación otorga un marco jurídico más sólido que el hasta ahora vigente para los trabajadores rurales; sin perder de vista que, por sobre todas las cosas, se trata de una norma de la democracia, teniendo en cuenta que el vigente estatuto fue creado durante la última dictadura militar. Entre sus pasajes más importantes sobresalen la baja de la edad jubilatoria –se redujo de 65 a 57 años–, la contemplación de una licencia por maternidad para las trabajadoras rurales –visibilizando a las mujeres en ese ámbito laboral–, la limpieza de todo vestigio que pudiera suponer el trabajo “de sol a sol” de los peones rurales, la legislación sobre las condiciones de vivienda en los establecimientos agropecuarios y la erradicación de la mercadería como forma de pago. Por esto, y porque el estatuto anterior llevaba la firma de Jorge Rafael Videla, la iniciativa fue bautizada por los legisladores oficialistas como la “ley agropecuaria de la democracia”. No obstante, el titular del mayor gremio de los trabajadores rurales decidió movilizar a todas su tropa para oponerse a su aprobación.

Las negociaciones, las presiones, los cruces, las ausencias y las alianzas que se mantuvieron en la sesión que se desarrolló hasta entrada la madrugada del 16 de diciembre dibujaron con claridad las relaciones de poder que cada bloque tendió con los actores involucrados y sus respectivos intereses: Venegas –el actor protagónico–, las cuatro entidades patronales que conformaron la quebrada Mesa de Enlace y el Estado.

“El tratamiento de la ley del peón rural en Diputados fue complejo”, deslizó una fuente legislativa que tuvo acceso a los espacios clave de discusión de la iniciativa. Por caso, las bancadas del Pro y del PJ disidente se retiraron del recinto. El primero de los partidos, esbozando una formalidad: que el tratamiento del proyecto estaba agendado inicialmente en el orden del día del 16 de diciembre y no del jueves 15, cuando comenzó a discutirse el proyecto, luego de que el Frente para la Victoria consensuara con el Frente Amplio Progresista, el radicalismo y el sector peronista encabezado por Felipe Solá el cambio en el calendario. La decisión tuvo por fundamento sortear la movilización que planeaba Venegas para el día siguiente y que, finalmente, realizó cinco días más tarde, cuando el proyecto era discutido en el Senado. “El Pro actuó apoyando al PJ disidente –explicó la misma fuente parlamentaria–. El PJ disidente, con Eduardo Amadeo y Claudia Rucci a la cabeza, está muy jugado con el proyecto de Venegas, por eso abandonó las bancas a los gritos.”

El vínculo del espacio con el líder de Uatre tiene sus antecedentes. Entre ellos, figuran el momento en que Venegas presionó a trabajadores rurales para apoyar la campaña de “Eduardo Duhalde presidente”. En aquella oportunidad, la Federación de Agrupaciones Peronistas entregó credenciales a mujeres contratadas por una empresa semillera con la leyenda de campaña que llevaban la firma de Carolina Llanos, secretaria de la agrupación “Mujeres Rurales”, y la de Venegas. “Te afilian de prepo o no trabajás”, había denunciado Julio César René, secretario general electo de la seccional 844 de la Uatre.

A diferencia de sus ex socios, el bloque conducido por Solá dio quórum para la discusión, aunque intentó una maniobra que no llegó a buen puerto: presentó un proyecto que, al parecer, estaba de antemano consensuado con la UATRE. La iniciativa quedó en la nada. Por su parte, los radicales quedaron cruzados por una disputa interna, que se agravó luego del fracaso electoral de octubre. Fiel al lema de Alem –“Que se rompa pero que no se doble”–, el bloque de la UCR se partió en dos: algunos se quedaron en el recinto –Pablo Orsolini, Ricardo Alfonsín y Juan Casañas, entre otros– mientras que el segundo grupo –conducido por Oscar Aguad– se retiró. “En definitiva, no hubo grandes disputas en Diputados –continuó la fuente legislativa–. El tema controvertido surgió cuando se trata lo del Renatre.”

En rigor, el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) era un ente autárquico de derecho público cuya función principal era fiscalizar la situación de los empleados y patrones agrarios: entre otras cuestiones, evitar el trabajo en negro. La paradoja es que el Renatre era administrado por las mismas partes que debían ser controladas: su directorio estaba integrado por cuatro representantes de la UATRE y por un representante de cada patronal agraria. Esto explicaría los lábiles controles de fiscalización cuyas consecuencias resultaron ser los exorbitantes números de informalidad en el sector. “Según los estudios, la informalidad oscila entre el 40 y el 75 por ciento de los trabajadores agrarios”, explicó a Veintitrés Luis Basterra, diputado del FPV y flamante presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería en la Cámara baja. De acuerdo con la AFIP –que llevó adelante controles en el sector junto con el Ministerio de Trabajo de la Nación–, el trabajo en negro afecta aproximadamente a 900 mil trabajadores. Algunos, en condiciones laborales dignas del feudalismo.

Pero la realidad continúa cambiando, a favor de las mayorías. La nueva ley promulgada el 21 de diciembre pasado plantea la disolución del Renatre y la creación del Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (Renatea), cuya dirección estará a manos del Estado –que antes tenía una mínima representación en el ente autárquico constituido por el estatuto de facto–, específicamente de la cartera laboral, a cargo de Carlos Tomada. No obstante, los trabajadores y las patronales agropecuarias tendrán su representación en el consejo directivo. “Entendemos que esta medida podrá generar un mayor registro de trabajadores –agregó Basterra–. Durante el debate surgieron dos posiciones encontradas respecto de cómo abordar ese registro: si con el tutelaje del Estado o librado a una mera fiscalización externa. Para nosotros, el Estado debe tener un rol más preponderante sin desestimar la participación del resto de los actores.”

En concreto, en lo que se refiere a la creación del Renatea, el sector del radicalismo que se quedó en el recinto planteó una salvedad. Si bien votó en general a favor de la ley, a la hora del tratamiento en particular decidió votar en contra, desde el artículo 105 en adelante, casualmente los que hacían mención a la disolución del antiguo ente fiscalizador. “Se quiere estatizar el organismo pero a nosotros nos suena a revancha contra el gremio de Venegas”, sostuvo Orsolini, diputado radical y miembro de la Federación Agraria.

 

“El Gobierno se propone destruir nuestra organización gremial”, acusó Venegas, líder de un sindicato que, en medio del conflicto entre el campo y el Gobierno, se alió con la patronal campera y no tuvo reparos en presionar a los trabajadores rurales para que acompañaran el lockout agropecuario. “Lisa y llanamente, quieren eliminar el Renatre –dijo Venegas– que las cuatro entidades empresarias y la UATRE administran eficientemente.” Acaso Venegas olvidó la enorme informalidad que reina en su sector y hasta las denuncias por trabajo esclavo que existieron en diversos establecimientos agropecuarios. Y no fue la primera vez que soslayó el tema. También lo hizo cada vez que se presentó en un aniversario de la Sociedad Rural, tal como sucedió en julio de este año aplaudiendo el discurso del presidente de la institución, en lugar de recriminarle la explotación infrahumana de los afiliados de su gremio.

 

Lo cierto es que detrás de su enojo por la desaparición del Renatre se esconde la puja por el control de los fondos que se generan alrededor del ahora modificado ente regulador. Por caso, tal como reveló Veintitrés en febrero último, el Renatre delegó la tan declamada función de fiscalización e inspección a una empresa privada que respondía a dos socios del ex candidato presidencial Eduardo Duhalde, padrino político del “Momo”. Se trata de la empresa Gregard, que también cumplió tareas particulares en el sindicato de Venegas y su obra social.

 

Durante la jornada del 16 de diciembre, además de la retirada de los bloques mencionados, dos bancas brillaron por la ausencia de sus ocupantes: las de los diputados del FPV que responden a Hugo Moyano. Se trata del secretario general del gremio de los canillitas, Omar Plaini, y el hijo del camionero, Facundo Moyano. Las razones también fueron políticas. Si bien Venegas entabló una alianza política con Luis Barrionuevo, titular de la CGT Azul y Blanca, nunca rompió sus contactos con el titular de la CGT oficial. El secretario general de las 62 Organizaciones expresó a esta revista, dos años atrás: “No estoy de acuerdo con el apoyo de Moyano al kirchnerismo. Pero creo que no lo hace porque lo hayan convencido sino porque cree que las políticas de (Néstor) Kirchner son buenas. Moyano es un compañero de lucha. Somos muy amigos. Hemos recorrido muchas calles de Buenos Aires con paro y movilización”. Y esa amistad no se quebró con el paso de los años ni con las diferencias de aliados políticos, tal como se evidenció en la solidaridad que se transmiten públicamente ambos gremialistas. Basta recordar la postura adoptada por Moyano cuando Venegas fue encarcelado, en el marco de la causa judicial que investiga la adulteración de medicamentos en las obras sociales de los sindicatos.

 

Pero el “Momo” hace tiempo que se ubicó en el ala dura del sindicalismo que busca que el secretario general de la CGT rompa con el Gobierno. “Hay que preparase para lo peor, el Gobierno viene por todo. El movimiento obrero tiene que unificarse, tiene que haber una sola CGT con todo el poder para defender las conquistas de todos los trabajadores que hemos logrado en todos estos años”, dijo Venegas días atrás. En su segunda invitación a la unión, fue más explícito: “Fue Moyano quien sostuvo a este gobierno durante sus primeros ocho años. Yo soy compañero y amigo de Hugo y si este gobierno quiere avanzar sobre las organizaciones gremiales y sobre las obras sociales, que les dan salud a más de 18 millones de trabajadores, seguramente nos vamos a juntar para lograr la unidad del movimiento obrero organizado y defender férreamente los derechos de los trabajadores. Si el Gobierno toca los fondos de las obras sociales se incendia el país. Va a haber enfrentamientos y roces con La Cámpora”.

 

Patotero, amenazante. Así intenta mostrarse Venegas, como el ariete para que Moyano rompa definitivamente con el gobierno nacional. Sin embargo, luego de los sucesos del 21 de diciembre quedó demostrado que su amplio poder de fuego no alcanzó para torcerle el brazo a un Congreso y a un proyecto democráticos.

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