El miércoles 29 es el día decisivo. Silvio Berlusconi leerá en el Parlamento un manifiesto político basado en cinco puntos y lo someterá al voto de la Cámara. Si no obtiene 316 votos, la mitad más uno, debería asumir el fracaso de la mayoría y dimitir. La incógnita estriba en saber si los 36 parlamentarios rebeldes (eran 35 pero hoy se ha sumado otro) de Futuro y Libertad (FLI) que han huido del Pueblo de la Libertad (PDL) con Gianfranco Fini apoyarán al primer ministro.

Parece difícil. La guerra a sangre entre los dos mandatarios que han gobernado Italia nueve de los últimos 15 años  está en el punto de no retorno. Berlusconi lleva semanas intentando fichar a una veintena de diputados tránsfugas (democristianos sicilianos, sobre todo) para poder agotar la legislatura, o al menos alargarla un poco, sin depender del purgado y odiado ex delfín.

En paralelo, Il Giornale (el diario de la familia del Cavaliere) sigue tratando de destruir la imagen pública del discordante Fini con una feroz fusilería mediática, acusando al presidente de la Cámara de nepotismo y trato de favor por haber malvendido a su cuñado (el hermano de su compañera actual) un apartamento de 70 metros cuadrados situado en Montecarlo que Alianza Nacional (el viejo partido de Fini) heredó en 1999 de una excéntrica condesa filofascista.

La ofensiva final se juega, por surrealista que suene la cosa, en el Caribe. Concretamente, en Santa Lucía, un diminuto paraíso fiscal cercano a Martinica. El miércoles, dos periódicos de República Dominicana se sumaron al culebrón publicando una supuesta carta confidencial firmada por el ministro de Justicia de Santa Lucía.

Según la prensa berlusconiana, el extraño documento confirmaría que el pisito monegasco fue comprado por el cuñado de Fini a través de dos sociedades opacas que operan en la isla de los cocoteros. El pariente de Fini, llamado Tulliani, lo ha desmentido, y los finianos han acusado a Berlusconi de poner en riesgo la democracia y de «utilizar los servicios secretos desviados y enormes cantidades de dinero en Italia y el extranjero a fin de producir y difundir documentación falsa contra el tercer cargo del Estado (Fini)»

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