El traspaso de las empresas al estado fue realizado mediante la expropiación de empresas.

El país sudamericano formalizó la denuncia «irrevocable» del convenio por el cual se creó el organismo de arbitraje. Los juicios más onerosos son los inicados por las petroleras Exxon Mobil y ConocoPhillips.

En un comunicado, la Cancillería venezolana denunció, el martes, ante el Banco Mundial (BM), el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados, vigente desde 1966 y que dio origen al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial (Ciadi).

Según el documento, el Gobierno de Hugo Chávez «actuó con el fin de proteger el derecho del pueblo venezolano a decidir las orientaciones estratégicas de la vida económica y social de la nación». Acusó, además, al organismo de defender los intereses transnacionales tras recordar que sólo dos veces, en toda su historia, falló a favor de un país.

Venezuela indicó que su Constitución «invalida, en su espíritu y en su letra», las disposiciones del convenio. El texto constitucional prevé, en su artículo 151, que las controversias que puedan surgir en contratos firmados por el Estado «serán decididas por los tribunales competentes de la República».

El pasado 8 de enero, el presidente Chávez anunció que no reconocerá las decisiones del Ciadi y señaló que su país debe salirse de ese mecanismo, en donde enfrenta una veintena de litigios, entre los que se destacan las denuncias de las petroleras estadounidenses ExxonMobil y ConocoPhillips, que exigen una indemnización por las nacionalizaciones de sus activos en 2007.

El Gobierno venezolano decidió, entonces, crear empresas mixtas entre Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA) y las compañías internacionales, siempre dejando a la estatal venezolana como socio mayoritario.

Fuente: EFE – AFP

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