Lic. Cecilia Dalla Cia; Lic. Liliana Russo junto a el ministro de Seguridad, Carlos Aranda

La capacitación está dirigida a agentes estatales con el objetivo de poder armar a nivel provincial una red de servicios, protocolos de intervención y derivación. La idea es que en un tiempo participen  otros actores civiles que colaboren en la lucha contra este flagelo en la provincia.

La trata de personas es un crimen que somete anualmente a nivel mundial a millones de personas en condiciones de esclavitud y, según estimaciones de la organización internacional de trabajo, es el tercer crimen más lucrativo a nivel mundial. Esta actividad genera ingresos de aproximadamente 32 millones de dólares, de los cuales más del 85% proviene del comercio sexual.
Las jornadas de capacitación en Mendoza son organizadas por el Instituto Provincial de la Mujer, la Dirección de Derechos Humanos y la Dirección de Apoyo a la Comunidad. Persigue la coordinnación de una red de servicios de protección y asistencia, con sede en nuestra provincia y el diseño del protocolo de actuación en el marco de la Ley Nacional N° 26.364 de prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas.
La capacitación estará a cargo de profesionales pertenecientes a la oficina de rescate y acompañamiento a personas damnificadas por el delito de trata del ministerio de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
El delito de a trata de personas viola prácticamente todos los derechos a la libertad, el derecho a la integridad, a la seguridad, a no ser sometido a torturas ni tratos crueles, inhumanos o degradantes, derecho a la libre circulación, a la salud, a la educación y a una vida digna.
En la apertura estuvieron  el ministro de Seguridad, Carlos Aranda; el juez federal Luis Bento, el subsecretario de Relaciones Institucionales, Ariel Pringles; la directora de Derechos Humanos, María José Ubaldini, y distintos organismos relacionados con la temática de la trata de personas.
Ariel Pringles manifestó: “El estado es responsable no solamente de profundizar el tema sino también de establecer las políticas adecuadas para que esto deje de ser un flagelo. Brindar ayuda a todas aquellas personas que han sido victimas de este delito, para que puedan recuperar su libertad y su dignidad que les ha sido quitada”.
Exponen: el ministro de Seguridad, Carlos Aranda; Subsecretario de Relaciones Institucionales, Ariel Pringles.

Por su parte, el ministro de Seguridad, Carlos Aranda expresó: “El objetivo propuesto desde las distintas áreas, ya sea Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos,  Ministerio de Desarrollo, Familia y Comunidad y desde el Ministerio de Seguridad, es el de crear un protocolo que nos permita saber no sólo donde están las problemáticas del delito, para poder combatirlo, sino también conocer cómo atender y contener a las víctimas”.

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