Ni una frase de apoyo y ni un voto que sumar a los del PSOE para que el Congreso convalidara ayer el decreto de reforma laboral. Los 168 diputados socialistas presentes, con la única abstención crítica del ex secretario general de CC OO y parlamentario por Madrid, Antonio Gutiérrez, sacaron adelante el segundo decreto de recorte de José Luis Rodríguez Zapatero -tras el de los ajustes sociales -, en el que se cambian las condiciones para contratar y despedir tras terminar en fracaso los dos años de negociación entre la patronal y los sindicatos.

Más abstenciones que votos a favor (168 síes, 173 abstenciones y 8 noes) y una catarata de críticas desde todos los grupos al decreto, que ya está en vigor desde la pasada semana, pero que ahora inicia una tramitación parlamentaria tan difícil como rápida. Y de nuevo hubo ayer gestos de gravedad en las filas del Gobierno y en la bancada socialista, obligados por las circunstancias, la falta de acuerdo entre los agentes sociales, los mercados y los socios en el exterior a afrontar el mal trago de emprender una reforma por decreto, no prevista por el PSOE en el inicio de la legislatura.

La reforma salió adelante gracias a la abstención crítica del PP, CiU, PNV y Coalición Canaria y con los votos en contra de la izquierda minoritaria: IU, ICV, BNG y NaBai. Para estos últimos, supone un recorte histórico de derechos sociales. Para los que se abstuvieron, es insuficiente y una oportunidad perdida.

Queda para julio o agosto una nueva votación en la que Zapatero, en el alambre, se jugará otra vez la legislatura. Se votará entonces la reforma laboral definitiva, con las enmiendas que el PSOE se vea obligado a aceptar en la negociación con los grupos. Solo la posibilidad de introducir cambios en la tramitación parlamentaria que ahora se inicia permitió esas abstenciones críticas que aún mantienen con vida al Gobierno. Especialmente la de CiU, que se perfila por descarte como el costalero único del texto que salga durante el verano de las Cortes para su entrada en vigor. Con la izquierda es imposible el acuerdo, el PP ha dado muestras sobradas de padecer alergia aguda al pacto en esta legislatura y el PNV tiene discrepancias de fondo que parecen insalvables. Así que son los nacionalistas catalanes los que parten con una posición de fuerza para negociar e introducir cambios durante el trámite, cobrando un alto precio al Gobierno. Y todas sus exigencias endurecerán la reforma y la alejarán de la posición sindical, según las líneas maestras que definió ayer su portavoz, Josep Antoni Duran i Lleida: mayor concreción para que las empresas puedan descolgarse de los convenios colectivos, medidas sobre absentismo laboral, impulso a la contratación a tiempo parcial, que el subsidio por desempleo esté ligado a políticas activas de formación, regulación del teletrabajo… Es el precio de su voto.

Y esta vez el PP no cayó en la tentación del no, en la que está encasillado desde hace tiempo . Se quedó en la abstención. «Hace falta una reforma laboral, pero no esta que es un fracaso anunciado y anticipado», dijo Soraya Sáenz de Santamaría desde la tribuna, entre protestas de los diputados socialistas. Los populares, pese a ser partidarios siempre de la reforma laboral, nunca han hecho explícita su propuesta, en la estrategia de presentarse ahora como abanderados de los trabajadores. Tampoco lo hicieron ayer, pero ahora están obligados a concretarlas en enmiendas y a explicar si, por ejemplo, son partidarios de abaratar el despido o de limitar la negociación colectiva.

«Estamos esperando una sola de sus propuestas. Si tanto urgía ¿por qué no han tenido el valor político de proponer nada?», le dijo ayer mismo Zapatero en el Senado al PP, informa Pablo X. de Sandoval. Esa es la estrategia de los socialistas, en aplicación del principio de que un buen ataque es la mejor de las defensas. Así pasan sus diputados el difícil trago.

Interpretaron este papel el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, y el portavoz socialista, José Antonio Alonso, con el doble argumento de asumir la responsabilidad de la reforma y, al tiempo, negar que se abarate el despido y se recorten derechos. Y desde la izquierda, Joan Ridao (ERC), Joan Herrera (ICV) y Olaia Fernández Dávila (BNG) hablaron de «ajuste de caballo» y de hacer «el trabajo sucio a la derecha». Todos coincidieron en recordar la cantidad de veces que Zapatero abjuró en el pasado de hacer una reforma como esta.

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