Mendoza se constituyó en la provincia pionera del país en materia de defensa de los derechos humanos, con la creación de una Comisión Provincial de Prevención de la Tortura. El organismo se encargará de atender casos de tratos crueles o inhumanos en cualquier ámbito donde los presos tengan que estar internados por cuestiones de seguridad o salud.

Si bien el proyecto había sido presentado por el Ejecutivo en 2008, luego de recibir correcciones en Diputados, hoy fue aprobado en Senadores. En aquel año regía la sanción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Argentina por la situación carcelaria en Mendoza.

Así luego de tres años y con la difusión de los videos que mostraron la aberrante situación dentro de uno de los pabellones del complejo San Felipe, los legisladores apuraron la aprobación del protocolo contra torturas que establece la creación de una comisión de seguimiento y control para evitar vejaciones y el organismo será descentralizado, independiente, autónomo y autárquico.

Su funcionamiento será externo a los mecanismos institucionales que controlan normalmente los ámbitos públicos y privados de los lugares donde se encuentran internos privados de la libertad por problemas de seguridad, salud física o mental o propios de una edad avanzada.

El subsecretario de Justicia y Derechos Humanos, Carlos Quiroga Nanclares, indicó: “Este era un compromiso asumido por el Estado provincial en el marco de los acuerdos para el levantamiento de las medidas sancionatorias contra Mendoza por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.»

La comisión estará conformada por el procurador de las personas de la libertad juntamente con un comité local integrado por representantes de organizaciones no gubernamentales.

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