Los 99 alumnos a los que se les comprobó que habían comprado exámenes, podráin ser expulsados.

La alarma saltó a raíz de una consulta al sistema informático. De un día para el otro, las autoridades de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) se encontraron con un listado de abundantes anomalías en la registración de notas. Con ese delicado informe en mano, el decano José Luis Vázquez y el vicedecano Miguel Eduardo Marcotullio se dirigieron al Rectorado de la UNT y a la Justicia Federal. De inmediato se pusieron en marcha dos pesquisas paralelas: una administrativa ordenada por el rector Juan Alberto Cerisola -expediente 77/07- y otra judicial ante el despacho a cargo del magistrado subrogante Mario Racedo (hasta que asuma Fernando Poviña, el nuevo juez). Y con esas dolorosas novedades comenzó 2007, un año por demás agobiante para la casa de altos estudios fundada por Juan B. Terán.

En juego estaba el renombre de la UNT. Y una tarea colosal: las dos centenas de enmiendas irregulares detectadas en el sistema se compadecían con una serie de adulteraciones en las actas de exámenes y, en última instancia, con la emisión de diplomas de abogado, escribano y procurador. Casi un lustro requirieron Ricardo Bascary, director de Sumarios de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la UNT e instructor de la pesquisa, y Sergio E. Ponce, secretario ad hoc, para reunir y unir las innumerables piezas de este complejísimo puzle.

Esa investigación casi artesanal en el ámbito de la Administración concluyó formalmente el 20 de octubre pasado, cuando Bascary y Ponce elevaron el expediente al secretario de Política Administrativa y Gestión de la UNT, Luis Sacca (tres días más tarde, este funcionario sería elegido diputado nacional tucumano por la UCR). «Elevar» es un eufemismo técnico: para entonces, el sumario constaba de 18 cuerpos, 104 actuaciones individuales y 11.377 fojas.

«Peligro real»

Nadie recordaba haber visto un expediente tan voluminoso en el contexto del ejercicio de la potestad disciplinaria de la UNT. Tras analizar miles de pruebas (testimonios, pericias, el relevamiento encargado a la Unidad de Auditoría Interna de la UNT, etcétera) y elaborar dos informes aprobados por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (órgano dependiente de la Procuración General de la Nación), los instructores concluyeron que se montó un mecanismo para modificar irregularmente notas y adulterar actas de exámenes, en algunos casos y según 13 alumnos arrepentidos, a cambio de sumas de dinero que oscilaban entre los $ 50 y los $ 600.

En función de las constancias mencionadas, Bascary y Ponce aconsejaron aplicar las siguientes sanciones -el dictamen no es vinculante-: tres exoneraciones, dos cesantías y cuatro apercibimientos respecto del personal no docente asignado a la Oficina de Gestión e Informes, los departamentos de Actas y de Títulos, y la crítica Dirección Registro Alumnos de la Facultad, y 99 expulsiones de estudiantes.

«Consideramos que las sanciones aconsejadas son razonables atento a la gravedad de los hechos investigados y comprobados, y a que los sumariados pusieron en tela de juicio el prestigio de esta casa de altos estudios», opinaron los instructores en el informe final de diciembre de 2010. A continuación, Bascary y Ponce citaron un fragmento de una sentencia de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán de septiembre de 2009: «(la cuestión en juego) supone para la sociedad un peligro real que se pretende evitar… por presentar un posible daño a terceros de buena fe y, para la Universidad, un desprestigio a la calidad educativa que esta brinda».

En el expediente elevado a la consideración de las autoridades universitarias no están incluidas las actuaciones referidas a las cuatro profesionales que habrían conseguido sus títulos universitarios por medio de notas apócrifas, egresadas respecto de las cuales la UNT perdió la potestad disciplinaria. En cuanto a estos supuestos, la casa de altos estudios ha facultado al director general de Asuntos Jurídicos, Augusto González Navarro, para deducir las acciones de lesividad pertinentes en los Tribunales Federales (proceso previsto para invalidar los diplomas otorgados a estudiantes involucrados en la maniobra). «Posiblemente vayamos a la Justicia durante la semana próxima», anticipó ayer el abogado González Navarro.

En todo lo relativo a los estudiantes, el acto administrativo que cierra el sumario debe ser dictado por el rector Cerisola, puesto que la expulsión aconsejada abarca al conjunto de las unidades académicas y no sólo a Derecho. La decisión sobre los no docentes incumbe, en cambio, al decano Vázquez.

En uno y otro caso, las autoridades pueden apartarse de la opinión de Bascary y Ponce. O sea, aplicar una sanción distinta de la recomendada o no aplicar ninguna. La adopción de las resoluciones depende de la velocidad con que se evacue el dictamen jurídico conclusivo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo y solicitado ayer por el decano Vázquez en una nota enviada a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la UNT junto con el expediente 77/07. Según fuentes universitarias, este trámite -precisa la legislación aplicable al caso y las competencias sancionatorias- podría ser completado a la brevedad justamente para posibilitar el dictado de los actos administrativos antes de que finalice 2011.

No hay margen para demoras. El mismo rector Cerisola lo admitió públicamente a finales de julio en una entrevista concedida a la emisora LV7: «nos enteramos del caso al poco tiempo de asumir tanto las nuevas autoridades de Derecho como yo (en el Rectorado)… La orden de investigar fue inmediata y hasta torpe porque queríamos llegar hasta las últimas consecuencias. Había que calar hasta el hueso». Y añadió: «los años lamentablemente han pasado porque las actuaciones administrativas son lentas. Pero sé que en este caso se respetó el derecho de defensa (de los sumariados) y se dieron todas las garantías».

Fuente: La Gaceta de Tucumán

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