Entre otras cosas, Jaque les reclama que no sigan con todos los reclamos administrativos y judiciales. Así se podría evitar lo que hoy sucede con OSM.

La renegociación de los contratos petroleros fija condiciones, antes no reclamadas, para los concesionarios que pretendan adherir a la extensión. Esto es, además de incrementar el porcentaje de regalías –hoy de 12 por ciento–, el Gobierno les pide que desistan de todos los reclamos en sede judicial o administrativa que mantienen contra la Provincia. Si los concesionarios aceptaran esta cláusula, que formará parte de una dura negociación que comienza en unos 20 días, no podrán sostener millonarios reclamos en caso de retiro o caída de concesiones.

Este último punto es uno de los temas que genera preocupación en el Ejecutivo y esto, porque, tras la intervención de Obras Sanitarias, sigue su curso una millonaria demanda ante el Centro Internacional de Arreglos y Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) contra la Nación por parte de la francesa Saur (ver aparte).

La negociación es por 37 áreas petroleras que vencen entre el 2015 y el 2018. Este lunes, los empresarios le pidieron a Jaque una extensión de los plazos para manifestar su voluntad de adhesión que finaliza este viernes, pero el gobernador no aceptó y sólo tendrán tiempo hasta el lunes 26.

Tanto la Provincia como los concesionarios mantienen diversos reclamos judiciales. Algunos ya tienen sentencia firme. Los iniciados por el Ejecutivo son por reliquidación de las regalías petroleras a base de diferencias detectadas. Sin embargo, desde el lado de los empresarios, no dejan trascender el motivo de esos reclamos.

La última pelea que les ganó la Provincia se conoció en mayo y, por esta, una petrolera debió desembolsar 10 millones de pesos. Los juicios contra las petroleras se iniciaron porque estaban liquidando como regalías el 8 por ciento y no el 12 de la producción, como establece la ley. Para ello se basaban en un decreto sancionado durante la administración de Carlos Menem, que años más tarde fue considerado ilegal.

EN DETALLE. El decreto para el llamado a manifestación de interés se publicó ayer en el Boletín Oficial y así antes del 20 de agosto, estas empresas deberán manifestarse a favor o en contra de la prórroga y tendrán que entregar la documentación requerida, además de fijar posturas ante los condicionamientos que les pone la Provincia.

Las dos partes están interesadas en que esto suceda. El Gobierno porque necesita aumentar los ingresos y un desembolso extra, teniendo en cuenta la necesidad de oxígeno que sufrirá el Presupuesto antes de fin de año, en tanto, los petroleros deben garantizarse más años al frente de la explotación para realizar las inversiones que necesita el sistema y así aumentar la extracción y rentabilidad.

Los detalles del decreto se conocerán entre hoy y mañana en una conferencia de prensa que dará el ministro de Infraestructura, Francisco Pérez, y el subsecreetario de Hidrocarburos, Walter Vázquez.

El decreto fija la postura de la Provincia antes de comenzar la etapa de renegociación y fue dado a conocer a los empresarios para que analicen la letra chica. Entre otras cosas, fija un pago inicial de una suma a convenir entre las partes, un canon extraordinario de producción en forma mensual y un compromiso de inversiones a los efectos de incrementar las reservas de hidrocarburos y producción de los mismos. También exige que en esta etapa deben comprometerse al compre mendocino y a contratar mano de obra provincial. Se fijará la inversión en nuevas tecnologías extractivas que permitan incrementar reservas y la acreditación de la inscripción en el Registro Provincial de Residuos Peligrosos en Calidad de generador y operador.

Todos estos requisitos están establecidos en el artículo 13 del decreto 1.547. En este mismo punto está contemplado el pedido de ejercer la responsabilidad social empresaria a través de contribuciones a la cultura, la educación, el medioambiente, la ciencia y la investigación.

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