El ministro del Interior aseguró que si el Congreso avanza con un nuevo reparto del Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios, la Nación retiraría la ayuda al interior para refinanciar su deuda. En ese caso, el costo para los gobernadores sería mayor al beneficio

Coparticipar el impuesto al cheque entraña para el gobierno nacional el riesgo de achicar a menos de la mitad el superávit fiscal primario previsto para este año. Para evitarlo, la Casa Rosada advirtió ayer a través del ministro del Interior, Florencio Randazzo, que podría suprimir la asistencia financiera que la Nación brinda a las provincias para afrontar su deuda, neutralizando así el rédito de echar mano de ese tributo. “Se puede desfinanciar al gobierno nacional. Pero también van a perder las provincias”, advirtió el ministro del Interior. Esta renovada tensión tiene lugar en un momento en que el flujo de recursos desde el Tesoro hacia el interior viene incrementándose en forma permanente, con algunos impensados ganadores: la ciudad de Buenos Aires es la que más subió sus ingresos por esta vía en el primer bimestre y la primera quincena de este mes.

El delicado tema del reparto de fondos entre la Nación y las provincias será motivo de análisis en el cónclave de Olivos que hoy reunirá a Cristina Fernández de Kirchner con su gabinete y legisladores. Los grandes números a considerar en el almuerzo están claros. Si el Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios (cheque) se coparticipara plenamente –subiendo del actual 15 por ciento al 50–, el interior podría capturar un mínimo de 8700 millones de pesos adicionales este año, monto que según las estimaciones oficiales podría llegar a 10 mil millones si la economía crece más de lo presupuestado.

Con ese monto se cubre sólo una parte de las necesidades de financiamiento de las provincias: su deuda asciende a 12.298 millones de pesos, que la Nación ayuda a cubrir a través de un Programa de Asistencia Financiera. “Si el Estado no asume la responsabilidad del vencimiento de capital que tienen las provincias a cambio de darle el impuesto al cheque, éstas perderán dos mil millones de pesos”, alertó el titular de la cartera política, ratificando una amenaza que ya habían formulado esta semana desde el bloque oficialista del Senado y desnudando la estrategia oficial para bloquear la iniciativa parlamentaria de la oposición, tal como adelantó Página/12.

Habrá una especie de toma y daca forzado: si la Nación pierde aquella parte de la recaudación, suspenderá esa asistencia. De lo contrario, corre el riesgo de que se achique el superávit primario.

Randazzo remarcó que los recursos que la Nación transfiere a las provincias subieron de 20 mil millones de pesos en 2003 a 75.500 millones el año pasado. De la Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias surgen otros datos más recientes sobre esa suba. En lo que va de 2010, las transferencias automáticas –que se reparten según índice de coparticipación federal– crecieron un 22 por ciento con respecto al año anterior, porcentaje que llega al 28,4 si se añade el sojero Fondo Federal Solidario. Y con algunas céntimas por arriba, la ciudad de Buenos Aires es la que más incrementó su ingreso por esta vía (28,8 por ciento).

Esas transferencias están superando las proyecciones presupuestarias de los primeros meses del año y crecen más que los precios. Según destaca un análisis de la consultora Economía y Regiones en base a datos del Ministerio de Economía, en el curso del último año aumentaron un 26,4 por ciento contra el 19,9 del IPC (cálculo privado). Pero para las ávidas arcas del interior puede no ser suficiente, y ganar participación en el impuesto al cheque sigue resultando muy atractivo.

Entre otras ventajas, les permitiría a las provincias usar ese dinero a su arbitrio. A diferencia de lo que ocurre con el Fondo Federal Solidario (soja), que debe emplearse para obras de infraestructura, los ingresos del cheque pueden emplearse con toda libertad. Y la distribución de lo recaudado es automática, ya que se hace en función de los índices de la Ley de Coparticipación, lo que reduce el margen de acción del poder central a la hora de repartir los fondos. Valga de ejemplo: los 1800 millones de pesos adicionales en un año que recibiría Buenos Aires equivalen a la mitad de su rojo primario proyectado.

Pero las provincias no son un bloque homogéneo y prorratear una nueva fuente de recursos puede causar divisiones entre los gobernadores y legisladores del mismo palo. Coparticipar el cheque implica abrir la discusión sobre el régimen de coparticipación, cuyos indicadores cada Estado aspira a modificar a su favor. Si se considera la distribución per cápita, hay disparidades que alimentan la polémica. Con un 21 por ciento, Buenos Aires es la provincia que recibe más fondos. Pero cada bonaerense recibe 994 pesos por año, contra 7323 de cada fueguino.

Previsiblemente, estos debates involucrarán al fondo sojero (integrado con una porción de las retenciones), que también tiene sus bemoles si se considera el reparto por habitante con el criterio devolutivo, de restituir a cada Estado en relación con lo que aporta. Los 2871 millones de pesos que el FFS distribuyó el año pasado de algún modo afectaron a Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, responsables del 80 por ciento de ese cultivo. La más beneficiada fue Tierra del Fuego, donde no se produce la oleaginosa.

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