El juez federal Norberto Oyarbide dio curso al exhorto de la Justcia de Suiza pra que le remitan las causas en las que están siendo investigados el titular de la CGT, Hugo Moyano, y su hijo Pablo, en el marco de una denuncia por presunto lavado de dinero, mientras que la Fiscalía General de Suiza (FGS) y la Embajada helvética en Buenos Aires aclararon que el líder sindical y su hijo «no son investigados» en ese país sino que la pesquisa fue hecha contra «personas desconocidas».

El magistrado tramitó el pedido de Suiza y ordenó una serie de medidas procesales solicitadas por el fiscal federl jorge Di Lello, quien en su dictamen destacó que Oyarbide «deberá evacuar el requerimiento de las autoridades helvéticas». Di Lello pidió que antes «se cumplan algunas cuestiones formales», aseguraron allegados a la fiscalía. Las «cuestiones formales» tendrían que ver con la traducción y trascripción de los delitos que se investigan en Suiza.

Por su parte, a través de un comunicado del Ministerio Público, la FGS informó en Ginebra que Moyano y su hijo Pablo no son investigados en ese país, sino que solicitó a las autoridades de Argentina colaboración en una investigación judicial sobre lavado de dinero (a la que accedió Di Lello), pero aclaró que esa pesquisa fue hecha contra «personas desconocidas».

Asimiso, precisó que la investigación comenzó el 24 de enero, luego de un alerta emitido por la oficina suiza de información sobre blanqueo de capitales, y sostuvo que la pesquisa está en curso.

«La investigación está dirigida contra personas desconocidas y, por consiguiente, ni el líder sindicalista ni su hijo están bajo investigación en Suiza», enfatizó Jeannette Balmer, vocera de la Fiscalía suiza.

En igual sentido se expresó el embajador suizo ante el país, Johannes Matyassy, quien, según el Ministerio de Relaciones Exteriores, «se comunicó en horas de la mañana con el canciller Héctor Timerman para informarle que no existe una investigación sobre Hugo y/o Pablo Moyano por parte de las autoridades helvéticas».

La pesquisa, según la funcionaria europea, apunta a «identificar a las personas potencialmente responsables de los presuntos delitos, para conseguir evidencia firme y tomar medidas» en consecuencia.

La FSG sí remarcó que solicitó asistencia de parte de las autoridades argentinas, en el marco de un convenio mutuo sobre asuntos criminales. La Procuración helvética evitó brindar información más detallada, toda vez que la pesquisa «está en curso».

En tanto, según el comunicado de la Cancillería, «Suiza solicitó información en base a artículos publicados en la prensa, pero no cuenta con otro tipo de datos».

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