La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley que ratifica el Decreto 1737/10 y su rectificatorio 1767/10, por el cual se constituye la empresa Agua y Saneamiento Mendoza, con 90% de acciones clase “A” para la Provincia, y 10% de acciones clase “B”, para el personal.

La media sanción aprobada por el Cuerpo, dispone que la Sociedad Anónima creada por decreto, será con Participación Estatal Mayoritaria, en los términos de los artículos 308 a 312 de la Ley 19.550.

La iniciativa fue aprobada en general con el apoyo de todos los bloques, excepto el Partido Demócrata que votó de forma negativa. Se encontraban ausentes los diputados Carlos Bianchinelli (PJ) y Nélida Martinez (Eje Peronista).

Al momento de votar en particular, los bloques de la Unión Cívica Radical y Consenso Federal votaron de forma negativa el inciso b del artículo 2 (sobre la conformación del directorio), razón por la cual, proponían que estuviese integrado por 5 directores titulares y 5 suplentes; moción que tampoco obtuvo los votos necesarios.

Por ello, el diputado Eduardo Casado (Eje Peronista) propuso una nueva redacción de éste inciso que establecía 7 directores titulares y 7 suplentes (en concordancia con el proyecto enviado por el Ejecutivo) junto a la propuesta del diputado Fabián Miranda (PJ) de quedar explícito que 2 de los integrantes del directorio titular y suplente serán destinados para quien designe la oposición. Ésta última moción obtuvo 20 votos por la afirmativa (PJ, Eje Peronista, PJ Federal, PJ Unipersonal, PIM), 20 por la negativa (UCR y Confe) y la abstención del bloque del Partido Demócrata. Definió la votación el Presidente de la Cámara, ing. Jorge Tanús, quien votó de manera afirmativa.

Se encontraban ausentes al momento de emitir votación nominal de éste artículo, los legisladores Carlos Bianchinelli (PJ), Nélida Martínez (Eje Peronista), Néstor Piedrafita (ARI) y Aldo Vinci (PD).

Se destaca, además, que el diputado José Barrigón (UCR) votó de forma negativa el artículo 7 de la iniciativa que hace referencia a la remuneración de los miembros del directorio.

Entre los requisitos que deberá cumplir la nueva empresa de agua, se encuentra el de prestar los servicios de provisión de agua potable y de saneamiento en las áreas territoriales de operación que se definan en la Provincia

Respecto del directorio, dispone que se conformará por 7 miembros titulares y 7 suplentes, correspondiendo a la clase accionaria “A”, la designación de 6 titulares y 6 suplentes, y a la clase accionaria “B”, 1 titular y 1 suplente, con una duración en el cargo de dos años.

Asimismo, establece contar con una comisión fiscalizadora de 2 síndicos titulares y 2 suplentes para las acciones clase “A”, y 1 titular y 1 suplente para las acciones clase “B”, que deberá reunirse por lo menos una vez por mes.

Respecto del capital social, dispone que deberá ser aumentado e integrado en los términos del artículo 53 de la ley 6044, luego de otorgados los contratos a los que hace referencia el artículo 50 de dicha ley.

Tal normativa, en su artículo 53, establece que “el capital social de las nuevas  sociedades surgirá de una valoración técnica realizada por el Poder  Ejecutivo, el que deberá obtener previamente un informe producido por un organismo competente en lo financiero de carácter  interprovincial, nacional o internacional, según sea posible. La  referida valoración será remitida a las comisiones de Hacienda de  cada Cámara legislativa, las que deberán pronunciarse sobre su  contenido en un plazo de cuarenta y cinco (45) días de solicitado. Vencido el mismo se tendrá por aprobada”.

La media sanción, indica también que en todo caso de aumento de capital deberá respetarse el porcentaje de participación de la clase accionaria “B” correspondiente al personal de la empresa, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 6044.

Entre los requisitos se deja estipulado de igual manera, que se modificará el artículo 35 del estatuto aprobado por los decretos 1737/10 y 1767/10, quedando redactado de la siguiente manera: “las remuneraciones de los miembros de la Comisión Fiscalizadora serán fijadas por la Asamblea, debiendo ajustarse a lo dispuesto por el artículo nº 292 de la Ley Nº 19.550 (t.o. 1984)” – referida a las sociedades comerciales -. También se elimina el inc. b)  del artículo 37 del Estatuto (relacionado con el pago de las participaciones correspondientes a los Bonos de Participación para el personal), así como el artículo 40 (que disponía que disuelta la Sociedad por cualquiera de las causales previstas en la Ley de Sociedades, la liquidación de la misma se regirá por lo dispuesto en la Ley 19550 “y estará a cargo de la persona designada por el concedente, y en su defecto por el Directorio o de los liquidadores que sean designados por la Asamblea, bajo la vigilancia de la Comisión Fiscalizadora. El remanente, una vez cancelado el pasivo y los gastos de liquidación, se repartirá entre todos los accionistas, sin distinción de clases o categorías y en proporción a sus tenencias”).

Acciones, personal y remuneraciones

  • La normativa, dispone que no podrán transferirse las acciones clase “A” de titularidad de la provincia, y que cualquier movimiento accionario deberá realizarse con ratificación legislativa.
  • De igual forma, se deja explicitado que la empresa Agua y Saneamiento no podrá superar en su planta de personal a la media del coeficiente de los operadores de agua y saneamiento de Latinoamérica según la Asociación de Entes Reguladores de Agua Potable y Saneamiento de las Américas. En este sentido, se explicó que se trata de una fórmula polinómica que establece que cada mil conexiones de agua potable deben haber 4 empleados o su equivalente de 2,93 empleados cada mil cuentas comerciales.
  • Otro de los aspectos previstos en la media sanción es instruir y facultar al Poder Ejecutivo para que modifique el estatuto de Agua y Saneamiento Mendoza y toda otra norma que resulte pertinente, a fin de adecuarlo a las disposiciones de esta ley. Las modificaciones del estatuto sólo entrarán en vigencia con posterioridad a su ratificación legislativa.
  • En lo que hace a la remuneración de los miembros del directorio, se regula que no podrá superar el 95% de la remuneración del Gobernador de la Provincia.
  • Finalmente, se deja sentado que Agua y Saneamiento quedará exenta del pago del impuesto provincial de Sellos, y que una vez aprobada en el Senado, entrará en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

El debate en general de la iniciativa

Cada bloque político con representación parlamentaria se expidió al comenzar el tratamiento en general de la iniciativa presentada por el Ejecutivo. Solamente el Partido Demócrata manifestó que no daría su apoyo y fundamentó tal posición, al igual que lo hicieron aquellos que anticiparon su voto afirmativo.

Los miembros informantes fueron, Carlos Bianchinelli (PJ) quien reconoció el vaciamiento de la empresa y el estado actual de colapso que presenta y se refirió también a la necesidad de contar posteriormente con otras herramientas legislativas complementarias.

Edgardo Pintos (UCR) remarcó la falta de medidas en el tiempo tanto por la empresa concesionaria como la posterior intervención y subrayó la necesidad de darle una forma jurídica a la nueva empresa. Destacó el profundo interés de los radicales para mejorar servicios indispensables, manifestado en los aportes realizados al proyecto.

Ricardo Puga (PIM) consideró que el Estado no intimó a tiempo por el incumplimiento del contrato de concesión y dijo que hubiera preferido tratar este proyecto a simultáneo con el referido al ente regulador, para abarcar a otros 120 operadores distribuidores de agua; como también abordar el déficit inmediato de 50 millones de pesos para que se pueda funcionar hasta fin de año.

Inmediatamente, se pronunció el jefe de la bancada demócrata Aldo Vinci quien, luego de dar antecedentes de todo el proceso histórico de Obras Sanitarias hasta llegar a esta situación de reestatización, señaló no estar de acuerdo con la creación de una nueva empresa. Entre los fundamentos de tal posición señaló que “no garantiza un nuevo diseño del EPAS; que se termine el pago de sueldos astronómicos para los gerentes; que sea un botín político que garantice un recurso humano calificado; porque no se presenta un plan de inversiones o plan maestro de gestión de un servicio colapsado y porque no están definidos los mecanismos de control”. Sugirió esperar 90 días para que la Provincia siga prestando el servicio, a través de la intervención, para acompañar la iniciativa con otras normas complementarias.

Roberto Blanco (UP-PF) dio su apoyo no obstante presentó dudas respecto del futuro manejo estatal, también se inclinó por una prórroga de la intervención para aclarar temas tales como el cuadro tarifario, los entes de control y las inversiones necesarias.

Eduardo Casado (Eje Peronista) dio su apoyo en general y anticipó que en el tratamiento en particular presentaría algunas sugerencias.

Seguidamente, el presidente de la Cámara Jorge Tanús (PJ), solicitó desde el oficialismo el acompañamiento de los demócratas aceptando la decadencia del servicio. Agregó que él consideraba que la empresa nunca se debería haber concesionado porque además quienes la gestionaron manifestaron su incompetencia, sus ansias de un lucro excesivo que no invirtieron las utilidades e instalaron personal con sueldos que triplicaban los haberes del gobernador de la Provincia.

No obstante, añadió Tanús, que se trata de una ley base para el manejo estatal y posibilita la participación de la oposición y de los usuarios en esa instancia, como también en el ente regulador y el EPAS. También reconoció que está pendiente la discusión sobre las tarifas porque hoy se presenta de manera injusta ante quienes tienen menores recursos y quienes hacen un abuso en el consumo; al respecto dijo que está pendiente la creación de un fondo compensador de tarifas.

En tercer lugar se refirió a la necesidad de definir un plan de inversiones; los aportes del Presupuesto provincial a la empresa y la incorporación de subsidios y créditos a nivel nacional e internacional.

Néstor Piedrafita por el ARI coincidió con quienes le precedieron en la palabra tanto en las críticas como en la legislación complementaria pendiente y anticipó su apoyo. Manifestó que actualmente el agua es un derecho humano en el mundo y hoy Mendoza debe recuperar ese derecho con responsabilidad.

A su turno, Luis Orbelli (PIM) dio su apoyo y tuvo consideraciones a favor de esta nueva empresa.

Por el Confe, Luis Petri reiteró la posición que ya había efectuado el Frente Cívico respecto del tema en cuanto a la definición jurídica de la empresa, con participación estatal mayoritaria, la conducción de funcionarios competentes, la planificación y financiamiento de obras estratégicas, la participación política y de los usuarios, el mejoramiento de los controles, el nuevo cuadro tarifario y la superación del déficit coyuntura e histórico que presenta Obras Sanitarias.

Del mismo modo, desde la Unión Cívica Radical, Raúl Vicchi manifestó que desde su partido se propone que la oposición no participe del directorio, porque se desea que el Ejecutivo firme “con las dos manos” las decisiones políticas que toma. Sostuvo, además, la necesidad de trabajar sobre la creación de una nueva empresa que tenga los elementos necesarios para funcionar, que proyecte mejoras y que salvaguarde los intereses de los mendocinos. Asimismo expresó que la Legislatura deberá acrecentar los controles.

Resolución in voce

Durante el tratamiento de la iniciativa que obtuvo media sanción, el diputado Raúl Vicchi (UCR), presentó un proyecto de resolución in voce (aprobado finalmente) que solicita a la intervención de la empresa Obras Sanitarias Mendoza presente en el “término perentorio de 7 días corridos” informe sobre la nómina total del personal de Obras Sanitarias, las áreas en las cuales prestan servicio y la fecha de ingreso a la empresa. El legislador fundamentó el pedido en función de que los datos aportados servirán para aquellas labores que se realizarán en la nueva empresa en los próximos meses.

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