El texto establece en el 15% el límite para la titularidad de tierras rurales en manos de extranjeros. La oposición solicitó exceptuar a quienes acrediten diez años de residencia en el país o tengan hijos o cónyuges argentinos.

 

La ley que limita la extranjerización de la tierra, impulsada por el Ejecutivo, logró ayer dictamen de mayoría y será parte de la sesión especial que comenzará hoy y podría extenderse hasta el viernes. El proyecto avalado por la mayoría de las firmas del plenario de las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Agricultura recogió las sugerencias realizadas a lo largo de su tratamiento.

 

El texto finalmente fijará, de no sufrir modificaciones en el recinto, que se establece en el 15% el límite para los extranjeros de toda titularidad de dominio o posesión de tierras rurales en el territorio nacional (el proyecto original establecía el 20%) y que dicho porcentual se aplicará también sobre todo el territorio provincial y municipal. En tanto, prohíbe que personas físicas o jurídicas de una misma nacionalidad extranjera puedan tener más allá del 30% del total posible de tierras en manos extranjeras.

Además, señala que se entenderá por tierras rurales a todo predio ubicado fuera del ejido urbano independientemente de su ubicación y que las tierras rurales de un mismo titular extranjero no podrán superar las 1000 hectáreas, o su superficie equivalente según la ubicación.

La norma también restringe la compra de tierras en las llamadas zonas de seguridad, pero plantea la posibilidad de excepciones mediante la autorización del Ministerio del Interior.

Por otra parte, el texto que llegará al recinto también incorpora las excepciones solicitadas por distintos sectores de la oposición en el trabajo en comisión. Así, no serán alcanzados por la norma los extranjeros que acrediten diez años de residencia, los que tengan hijos argentinos y demuestren su residencia permanente o los que estén casados con argentinos.

El presidente de la Cámara Baja y ex ministro de Agricultura, Julián Domínguez, celebró el avance registrado y aseguró que “la presidenta se anticipa una década en el cuidado del principal recurso que produce alimentos que es la tierra”. Desde el FPV señalaron que la ley propuesta “no altera ningún derecho adquirido”, y explicaron que se trata de “saber dónde estamos parados” por eso la norma exige que dentro de los 180 días de su entrada en vigencia los titulares de domino tendrán que declarar para el registro la tenencia o posesión de tierras.

Pese a las modificaciones que fueron introducidas en el texto, el proyecto presentado por el Ejecutivo contará, más allá del FPV y sus aliados, con el apoyo del FAP en general, del Peronismo de San Luis y del bloque que encabeza Felipe Solá.

El diputado bonaerense destacó como el aporte más importante de la ley “el cambio en el concepto de inversión. Así se refirió al artículo de la norma que establece que no se entenderá como inversión la adquisición de tierras rurales, por tratarse de un recurso natural no renovable. De esta manera, la compra de tierras queda fuera del alcance de los Tratados Bilaterales de Inversión surgidos en la década de 1990 y que atentan contra la soberanía jurídica, económica y política.

En tanto, el resto del arco opositor se dividió en cinco despachos de minoría presentados por el radicalismo, el PRO, el Peronismo Federal, la Coalición Cívica-ARI y Jorge Yoma (FPV), quien distinguió su posición del resto del oficialismo.

Desde la UCR, Ricardo Gil Lavedra señaló que “la UCR comparte el propósito final del proyecto”, sin embargo cuestionó “una evidente tensión con los derechos de las provincias”. Además, el ex ministro de Justicia de la Alianza pidió que la posesión particular se defina por “unidad productiva”, y manifestó la imposibilidad de “uniformar los registros catastrales”.

Tanto el PRO como el Frente Peronista manifestaron objeciones constitucionales. Desde el peronismo disidente, Graciela Camaño marcó la necesidad de preservar “las soberanías provinciales” y advirtió que el dictamen del oficialismo “crea obligaciones pero no establece penalidades” a los que no las cumplen.

En tanto que desde el PRO, Laura Alonso vaticinó que en caso de sancionarse el proyecto del Ejecutivo “la Argentina se enfrentará a un problema de litigiosidad”

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