La conducta del juez federal Daniel Rafecas está bajo la lupa del Consejo de la Magistratura. El detonante que motivó la denuncia del representante del oficialismo en el cuerpo, Hernán Ordiales, fueron los más de 30 mensajes intercambiados con el abogado Ignacio Danuzzio Iturraspe a través del sistema de mensajería instantánea WhatsApp. Amigo personal del hermano de Rafecas, Danuzzio Iturraspe es letrado de una de las partes en la causa judicial que investiga el rescate de la quiebra de Ciccone: su defendido es el empresario José María Núñez Carmona. Y Rafecas, nada menos que el juez que instruye esa causa.

El intercambio de información con un abogado con interés en el expediente, al que terminó asesorando para su estrategia de defensa, tiene otros antecedentes por parte del titular del Juzgado Federal Nº 3 de Comodoro Py. Hace seis años, mientras investigaba a los narcotraficantes serbios Dejan Trisc y Dragoslav Ilic, Rafecas filtró datos claves de la causa, en condición de off the record, a través de una serie de mails dirigidos al periodista Daniel Santoro, del diario Clarín.

La difusión de información sensible a la prensa es una práctica habitual entre los jueces. Sobre todo en los juzgados federales de Comodoro Py. Lo mismo sucede con los representantes del ministerio público: los fiscales, que tienen sobre sus hombros la responsabilidad de impulsar las investigaciones, tienen acceso a datos de primera mano. Para los periodistas, que están protegidos por el derecho a resguardar la identidad de sus fuentes (artículo 43 de la Constitución), acceder a esa información es un mérito profesional. Pero la cuestión es distinta para los jueces.

Aunque sea una práctica común en Tribunales, los magistrados deben cumplir con ciertas normativas procesales que fijan una conducta a seguir: el artículo 204 del Código Procesal Penal, por ejemplo, establece que “el sumario es público para las partes y los defensores” pero “siempre secreto para los extraños”.

Los mails que a principios de 2006 intercambiaron Rafecas y Santoro habían sido obtenidos por terceras personas a través de un delito: la violación y hurto de correspondencia privada. Especialistas en piratería informática vinculados a las agencias de inteligencia “hackearon” el correo electrónico del periodista. Le usurparon el password para robarle los textos de los mails que se cruzaba con Rafecas por el caso llamado “Viñas Blancas”, en el que se habían decomisado 171 kilos de cocaína.

Luego de que Santoro denunciara el hecho, se inició una investigación en el juzgado federal que entonces encabezaba el hoy ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro. En estos días, en el juzgado federal de San Isidro, avanza otra causa por el mismo objeto: el “hackeo” de mails de figuras políticas, empresariales, del ambiente artístico y del Poder Judicial. La jueza Sandra Arroyo Salgado ya citó a prestar declaración indagatoria a ocho imputados, entre ellos el ex titular de la SIDE menemista, Juan Bautista “Tata” Yofre, actualmente columnista del diario La Nación.

Pero más allá del hecho principal, la violación de correspondencia, el intercambio de mails entre Rafecas y Santoro también llegó a los tribunales. Hace seis años, por pedido del Tribunal Oral 5, integrado por los jueces Luis Di Renzi, Guillermo Gordo y Guillermo Madueño, Montenegro inició una causa para determinar si Rafecas había cometido algún delito en su intercambio epistolar con Santoro sobre una investigación en curso. La causa quedó finalmente sin efecto.

Según un proyecto de declaración presentado en el Congreso en mayo de 2006 por las diputadas Silvana Giudici y Delia Bisutti, en el que dejaban constancia de su preocupación por el “hackeo” a Santoro, el cruce de mails entre Rafecas y el periodista comenzó el miércoles 1 de marzo de 2006 y terminó el jueves 27 de abril, fecha en la que –según informaron las diputadas– se habría emitido el último correo.

 

 

 

 

 

Fte Argentino

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