El juicio iniciará el 25 de abril próximo y serán cuatro los imputados que estarán sentados en el banquillo

El 25 de abril, San Rafael será escenario de un hecho único dentro de la Justicia Federal de Mendoza ya que será el lugar donde se realice el primer juicio por trata de personas de la provincia que no cuenta con antecedentes al respecto. Como antes fue el debut en juzgar delitos de lesa humanidad, ahora será el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2, será el encargado de llevar a juicio a los cuatro imputados.

El juicio iniciará el 25 de abril próximo y serán cuatro los que estarán sentado en el banquillo de los acusados, frente al Tribunal conformado por Roberto Naciff como presidente e integrado por Roberto Burad y Héctor Cortes y los imputados serán juzgados en base al artículo. 145 bis, inc. 2 y 3 del Código Penal, que establece: «Quien captare, transportare, dentro del país o desde o hacia el exterior, acogiere o recibiere personas mayores de 18 años, cuando mediante engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimación, abuso de autoridad, concesión o recepción de pago o beneficios para obtener el consentimiento de una persona con fines de explotación, será reprimida con penas de 3 a 6 años de prisión…»

Por esos hechos fueron imputados Nélida Florentina Carrizo (56 años), Elia Roxana Alcalde (39), Pedro Antonio Alcalde (65) y Omar Reynaldo Barrera (48) y serán los que ahora, durante nueve jornadas, serán juzgadas.

La investigación

El inicio de la causa se remite a febrero de 2009, cuando un llamado anónimo, denunció que en Flash Dance, un local nocturno ubicado en Adolfo Calle al 3700, de San Rafael, se «ofrecían servicios sexuales a cambio de dinero», por parte de cinco mujeres, mediante el «abuso de su condición de vulnerabilidad y con fines de explotación», según lo afirmó, en la elevación a juicio, el fiscal federal, Francisco José Maldonado.

Ante esta denuncia, tomó intervención la Policía Federal  que en horas de la madrugada allanó el cabaret e identificó a seis mujeres que, en ropa interior, se encontraban «trabajando como alternadoras» y a algunos clientes. Durante el procedimiento se estableció -y así quedó registrado fotográficamente- que el local además de funcionar como un cabaret, tenía un escenario, contaba con varias habitaciones que eran utilizados como «reservados» , en donde las mujeres brindaban los «servicios» a un costo mínimo de 60 pesos hasta los 100.

También quedó demostrado que dentro del cabaret había una habitación que se usaba como «guardería» y donde una mujer cuidaba a los hijos de las jóvenes que se encontraban alternando con clientes en el salón principal.

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