El Tribunal Supremo pone fin a la carrera del juez por prevaricación y vulneración de garantías constitucionales en un caso de corrupción vinculado al Partido Popular (PP) de España. La sentencia fue unánime.

 

Baltazar Garzón, el juez más "famoso" de España fue expulsado y no podrá volver a ejercer.

 

Con la sentencia del Tribunal Supremo, el magistrado español Baltasar Garzón ya no podrá ejercer su profesión. El juez, de 56 años, ha sido expulsado de la Audiencia Nacional de manera «definitiva», tras haber condenado por prevaricación por los siete jueces de la sala.

Sin embargo, los fiscales habían pedido la absolución del juez puesto que consideraban legal la intervención del juez en las escuchas dado que había sido «proporcionada» en relación a la gravedad de los delitos de los dirigentes de la Gurtel.

El Tribunal consideró que el juez había vulnerado los derechos de defensa de los implicados en una trama de corrupción que implicaba al PP cuando ordenó escuchar las conversaciones en la cárcel de los imputados con sus abogados.

La trama de corrupción es conocida con el nombre de Gurtel. Comenzó en 2009, cuando el juez Garzón ordenó abrir una investigación sobre una red de corrupción que involucraba al Partido Popular (PP), hoy en el Gobierno. La supuesto líder de la trama era el empresario Francisco Correa, vinculado con el PP y hoy en prisión preventiva.

Los abogados de los imputados consiguieron darle la vuelta al asunto, y acusaron a Garzón de vulnerar los derechos elementales de defensa.

El Tribunal Supremo sentenció que el «acusado causó con su resolución una drástica e injustificada reducción del derecho de defensa» y eso ha colocado «a todo el proceso penal español» al nivel que «sistemas políticos y procesarles característicos de tiempos ya superados».

Garzón defendió en todo momento que las escuchas eran legales dado que los abogados eran parte de la trama de corrupción, y porque las conversaciones con sus clientes revelaron cómo iban a actuar para ocultar el dinero obtenido de forma ilícita.

Esas escuchas fueron después avaladas por la fiscalía, y posteriormente, por el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Antonio Pedreira, para quien las escuchas estaban «encaminadas especialmente a investigar el delito de blanqueo de capitales que, según sólidos indicios, los imputados seguían cometiendo desde el establecimiento penitenciario en el que se encontraban internos».

El juez español tiene todavía dos causas pendientes. Una por supuestos pagos que recibió en unos cursos en Nueva York, y la principal, por querer investigar los crímenes de lesa humanidad del franquismo, quedó este miércoles vista para sentencia.

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