La mejor forma de trabajar por el bienestar de los jubilados es erradicando la inflación, como lo hicimos entre 1991 y 2001. En un ambiente inflacionario la única forma de evitar que las jubilaciones pierdan poder adquisitivo es con una movilidad ágil y completa.

A nadie le deberían quedar dudas de que el Gobierno de los Kirchner ha venido mintiendo a los jubilados. Viene diciendo que se preocupa por ellos porque desde que tiene el poder ha decretado 17 aumentos de la jubilación mínima y, desde 2009 ha reinstalado un régimen automático de movilidad. Pero omite decir que aún con todos estos aumentos y esta tardía movilidad, la mayor parte de las jubilaciones tienen hoy un poder adquisitivo mucho menor que el que tuvieron durante la década del 90. Esto es el resultado natural de la inflación cuando la movilidad es parcial y tardía.

La mejor forma de trabajar por el bienestar de los jubilados es erradicando la inflación, como lo hicimos entre 1991 y 2001. En un ambiente inflacionario como el que hemos vivido desde el abandono de la convertibilidad, la única forma de evitar que las jubilaciones pierdan poder adquisitivo es con una movilidad ágil y completa.

La Corte Suprema de Justicia, que en la década de lo 90s había reconocido que cuando hay estabilidad no es necesaria la indexación, fue realista y demostró sabiduría y afán de justicia cuando dispuso en el fallo “Badaro” que los jubilados que en 2001 recibían jubilaciones superiores a la mínima, tienen derecho a un aumento del 88 % por la falta de movilidad ente enero de 2002 y diciembre de 2006.
Lamentablemente el Gobierno no está respetando ese fallo. No ha reparado la injusticia hacia el futuro y, mucho menos, se ha hecho cargo de la deuda acumulada con esos jubilados por haberles pagado mucho menos de lo que les correspondía.

Si el Gobierno de los Kirchner fuera respetuoso de la ley y de la justicia, y si realmente quisiera respetar el derecho de los jubilados, debería haber ajustado, hacia delante, todas las jubilaciones alcanzadas por aquel fallo y, al mismo tiempo, debería haber pagado, o, al menos, documentado, la deuda acumulada con ellos a partir de que la inflación volvió a transformarse en un problema crónico. Esto es lo que hicimos en setiembre de 1992, cuando, además de ajustar hacia adelante todas las jubilaciones que tenían derecho al reajuste de acuerdo a la legislación vigente en ese momento, entregamos a un millón cuatrocientos mil jubilados bocones previsionales por un valor total de18 mil millones de dólares. De esa forma dejaron de acumularse cientos de miles de sentencias y otros tantos juicios en curso ante los tribunales por legítimos reclamos de los jubilados.

Hoy, en materia de reclamos judiciales, se está viviendo la misma situación que se vivió durante los últimos años del Gobierno de Alfonsín y los primeros del Gobierno de Menem: los jubilados recurren a la justicia, con legítimas demandas y, cuando logran sentencias a su favor, sus reclamos se apilan en la ANSSES para ser atendidos cuando al gobierno decida abonarlos. Que esto ocurra ahora, cuando el Gobierno se desvive diciendo que tiene holgura fiscal, es mucho más grave e injusto que haya ocurrido en aquellos años en los que el País cayó en la hiper-inflación por décadas de desmanejos fiscales.

El Congreso Nacional, que hace bien de ocuparse de los Jubilados, debería ser prudente en sus decisiones. Está muy bien que decida obligar al Poder Ejecutivo a cumplir con el fallo “Badaro”, como además lo ha reclamado reiteradamente La Corte Suprema de Justicia. También seria razonable que obligue al Gobierno a reconocer la deuda acumulada con los jubilados por la omisión del ajuste entre 2002 y 2006, e incluso, tiene razón cuando plantea que en el ambiente inflacionario que estamos sufriendo el mejor índice para la movilidad es el salario promedio del personal en actividad. Pero no debería reclamar más que estas dos legítimas reivindicaciones.

Pretender que la jubilación mínima se ajuste para alcanzar el 82 % del salario mínimo con el argumento que ese ajuste podría pagarse con los recursos acumulados por los aportes de quienes habían elegido el sistema de capitalización antes de la apropiación por el Gobierno de esos fondos, sería convalidar un saqueo a los jubilados del futuro, es decir, a los actuales trabajadores activos, tal como ocurrió con la decisión, también demagógica del Gobierno de los Kirchner, de incorporar dos millones ochocientos mil nuevos beneficiarios al sistema jubilatorio que no habían hecho aportes durante su vida activa. Estos actos demagógicos sólo terminarán perjudicando a los jubilados presentes y del futuro a los que, cuando los beneficios devengados excedan largamente los recursos del sistema previsional, se les va a pagar con moneda desvalorizada y sufrirán brutalmente, como lo hicieron entre 2002 y 2006, la pérdida del poder adquisitivo de sus jubilaciones.

La oposición, en particular la que aspire a gobernar desde diciembre de 2011, debe evitar que promesas imposibles de cumplir, entendible políticamente ante tanta demagogia y mentiras del Gobierno, se transforme en el factor agravante de la peligrosa crisis inflacionaria que ya se avizora en el horizonte y que podría llegar a explotar justo al comienzo del próximo gobierno.

Por Domingo Cavallo

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