Fueron aliados del Gobierno en la mayoría de los temas controversiales, pero por sus orígenes gremiales, han revirtieron esa fidelidad en cuestiones laborales. Con esos antecedentes, el resto de los bloques los presionará para que avalen el proyecto que fija un piso de las jubilaciones en el 82% del salario mínimo, vital y móvil. Por ahora, sólo prometieron estudiarlo.

Los senadores de Tierra del Fuego María Rosa Díaz y José Martínez recibirán en los próximos días fuertes presiones de sus pares opositores y del Gobierno, quienes buscarán sus votos para definir el destino del proyecto que propone que la jubilaciones no queden por debajo del 82% del salario mínimo vital y móvil.

El gobierno resiste esta iniciativa y pretende una suba gradual de los pasivos, lo que defenderán ante la Comisión de Presupuesto del Senado el martes el ministro de Economía, Amado Boudou y el director Ejecutivo de la Anses, Diego Bossio.

Aunque conservan su bloque, Martínez y Díaz, aliados de la gobernadora Fabiana Ríos, suelen plegarse al Gobierno en temas estratégicos, sobre todo desde que el kirchnerismo se quedó con cuatro senadores por debajo del número necesario para tener la mayoría. Lo hicieron en el reparto de comisiones y apoyaron el pliego de Mercedes Marcó del Pont como presidenta del Banco Central.

Pero la UCR y el peronismo federal recordaron que por su extracción gremial –ambos tienen origen en la CTA- también llevaron la delantera en temas laborales, como en el reciente proyecto que colocó el salario mínimo vital y móvil como índice de las negociaciones paritarias.

Por instrucción del ministro de Trabajo, Carlos Tomada, los senadores kirchneristas votaron en contra de ese proyecto pero los fueguinos decidieron acompañar. Los jefes de los bloques opositores de ambas Cámaras recordaron ese dato en las reuniones que tuvieron para planear la agenda parlamentaria y desdieron que el aumento jubilatorio avance primero por Senadores.

“¿Se animarán a rechazarlo?”, se preguntaban varios legisladores opositores al recordar la procedencia de los fueguinos y los problemas que tiene la gobernadora Ríos con la CGT de su provincia, que la obligaron a pedir ayuda en la Casa Rosada, donde reporta seguido desde que se alejó del Ari de Elisa Carrió, el sello que usó para ganar las elecciones.

Ante la consulta de LPO, fuentes cercanas a los fueguinos aportaron mesura. “Es un tema que están estudiando. Por lo pronto, quieren saber cuál será el financiamiento para otorgar cualquier aumento”, advirtieron.

Plan opositor

El programa que diseñaron los opositores para aumentar las jubilaciones es el siguiente: el martes buscarán que el proyecto del Senado que ya obtuvo dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, siga ese camino en la de Presupuesto, pese a la resistencia que pondrán Boudou y Anses.

Para ese momento, radicales y peronistas federales aspiran a tener una señal favorable de los fueguinos lo que le daría las garantías de contar con los 37 votos que garantizan que un pase seguro a Diputados.

Un guiño de los sureños sería letal, ya que si bien la oposición cuenta con ese número por sí misma y tiene para este tema el aval de la formoseña Adriana Bortolozi, hay sospechas de lo que puedan hacer los siempre impredecibles Carlos Menem, Adriana Bortolozzi y Roxana Latorre.

Llevar la garantía jubilatoria al 82% del salario mínimo y vital elevaría de un plumazo las jubilaciones mínimas de 890 a 1320 pesos. “Se trata de una erogación de 21 mil millones de pesos anuales que el Gobierno puede garantizar”, explicó a LPO el senador de la UCR Alfredo Martínez, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

“Sólo 9.500 millones están en el presupuesto como transferencia de la Anses al Tesoro, mientras que los 10 mil millones que se usan para pagar la asignación universal por hijo bien pueden ser extraídos con parte del superávit, que este año alcanzará los 50 mil millones de pesos”, punteó Martínez. “Además, este año el superávit de la Anses será de 5000 millones”, agregó.

No es el único desembolso a los jubilados que planea la oposición: en Diputados hay un dictamen que lleva las jubilaciones al 82% de los salarios de los activos, aún lo que están por encima de la mínima; y propone actualizarlos por la variación del índice salarial medida por la Anses o la Secretaría de Seguridad Social, según cuál sea la más alta.

Esa iniciativa también dispone un cronograma para cumplir con el fallo de la Corte Suprema de hace tres años, conocido como el fallo Badaro, que dispuso una actualización de las jubilaciones de 2002 a la fecha tomando el índice inflacionario.

Hasta ahora, el Gobierno lleva a la justicia cada reclamo que haya basado en ese fallo para de ese modo entorpecer su cumplimiento y evitar una erogación masiva. Por esa estrategia ya hay más de 300 mil juicios pendientes pidiendo un aumento jubilatorio.

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