El caso que ha tenido relevancia nacional, en una nueva semana de declaraciones, continúa sumando elementos nuevos a la causa en la que están imputados: Nélida Carrizo, la dueña del cabaret, Omar Reynaldo Barrera, quien hacía las veces de «captador» y Roxana Alcalde, mano derecha de Carrizo como principales imputados.

Cronología de las declaraciones:

Nélida Carrizo, la dueña del cabaret «Flashdance» reconoció el lunes que viajaba asiduamente a Salta y a Jujuy para ir a buscar nuevas chicas para su local. La mujer, señaló que esos viajes eran parte de su actividad comercial, pero que nunca obligó a ninguna mujer a prostituirse, sino que llegaban todas a Mendoza convencidas de convertirse en trabajadoras sexuales.

Otra de las cosas contra lo que la acusada intentó defenderse, es decir que nunca retuvo los documentos de identidad de quienes prestaban servicios sexuales en su cabaret, sino que se los guardaba para evitar que «los perdieran».

En ese sentido, aseguró que como dueña y jefa del lugar tenía muchas contemplaciones con sus chicas porque ella había sido prostituta y sabía cómo cuidarlas. «Por eso dejaba que llevaran a sus hijos para que no tuvieran que dejarlos solos», explicó.

Por su parte, Roxana Alcalde, mano derecha de Carrizo en la administración del cabaret, se limitó a decir que en todo momento obedeció órdenes, pero que nunca encerró a ninguna chica, sino que, palabras más palabras menos, cerraban la puerta de «Flashdance» por seguridad.

El martes, otro de los imputados, Omar Reynaldo Barrera, quien hacía las veces de «captador» en Jujuy, declaró que todas las jóvenes que trabajaban en el cabaret estaban por propia voluntad y que en ningún momento se «presionó» a las mujeres que trabajaban en el lugar bajo ningún concepto.

Carlos Ariel Palacio, policía federal que estuvo a cargo del allanamiento en 2009 y que había ido varias veces al cabaret Flash Dance de manera encubierta, haciéndose pasar por un cliente más, para poder extraer información a las chicas y verificar la denuncia realizada anónimamente alegó en su declaración que «no pudo identificar menores dada las condiciones ambientales», pero aseguró que las chicas eran muy jóvenes y que no podía hablar con ellas demasiado tiempo, porque quienes regenteaban el lugar las señalaban con un láser y tenían que dejar a los clientes.

Luego llegó el turno de María Eugenia Cuadra, psicóloga que hace tres años trabaja en la oficina de trata de personas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, quien señaló que «los celulares se los retenían para que no intercambiaran los números con los clientes y que las multaban si se quedaban dormidas o llegaban tarde»

El abogado defensor, Rufino Troyano, explicó que en la audiencia una chica dijo que la psicóloga la había amenazado con quitarles a sus hijos (que vivían en el cabaret), si no cooperaban, pero esa información fue totalmente desmentida por la profesional.

La facultativa aseguró haber escuchado de las chicas decir que se colocaban una esponja cuando menstruaban para poder seguir trabajando, lo cual “les producía infecciones”. “Eso es una manera de humillarlas, de degradarlas”, dijo. En su declaración mencionó a un médico de apellido Ripa, que “era quien las examinaba todos los martes” y agregó que “a las chicas les cobraban esos análisis pero no se los mostraban”.

La Lic. Paula Tabares, Trabajadora Social del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, corroboró los datos suministrados por la psicóloga y agregó que tenía conocimiento que en otros cabarets a las prostitutas se las obligaba a practicar abortos, aunque ese no era el caso de Flash Dance.

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