El Ejecutivo está redactando el proyecto. Las evaluaciones serían cada 5 o 6 años y rendirlas mal podría derivar en un jury. También congelarán a los 65 el adicional por antigüedad que cobran los magistrados.

El gobernador, Celso Jaque, parece dispuesto a ir a fondo en su pelea con el Poder Judicial.

Lejos de parar la pelota para repensar la relación, tiene planeado enviar a la Legislatura, en 15 días, un proyecto para crear un sistema que regule la calidad de la Justicia y a la vez genere un control ciudadano sobre sus miembros, algo que dejó traslucir ya en su discurso del viernes ante la Asamblea Legislativa.

Traducida, esa intención con largo título significa, entre otras cosas, establecer que los jueces sean sometidos a evaluaciones periódicas que servirían para revalidar su permanencia en el cargo, entre otros indicadores de desempeño a los que deberán adecuarse. La meta es que se actualicen y cumplan ciertos objetivos. Y aunque aún no está cerrado el texto, se piensa en que el Consejo de la Magistratura tome ese examen cada cinco o seis años.

¿Que pasaría si rinden mal? La ley no dirá explícitamente que el que no aprueba dejará de ser juez automáticamente (porque la Constitución garantiza su estabilidad en el cargo y sería necesaria una reforma para permitir la destitución por esa razón), pero en el Ejecutivo consideran que esa mala nota será causa suficiente para iniciar un jury de enjuiciamiento (el único mecanismo de expulsión contemplado) por no cumplir bien su función.

“Como el mismo presidente de la Suprema Corte (Jorge Nanclares) lo ha reconocido públicamente, el sistema judicial es deficitario y de los tres poderes es el que menos controles tiene en cuanto a su desempeño y funcionamiento”, justificó Alejandro Cazabán, secretario general de la Gobernación y autor de todas las ideas oficiales que tienen como objetivo a la Justicia.

Pero las malas noticias para los magistrados no terminan ahí. Junto con el anterior proyecto, se enviará otro para congelar el adicional que cobran por antigüedad una vez que estén en edad de jubilarse (aunque no estén obligados a hacerlo justamente por la estabilidad en el cargo).

Es decir que si al llegar a los 65 años un juez lleva 30 trabajando en Tribunales, se le seguirá pagando la antigüedad por esos años, sin contar los que sume con posterioridad.

El argumento para tomar esta medida es que ese adicional es una parte sustancial de los haberes que crece año tras año y por lo tanto influye mucho cuando deciden finalmente jubilarse.

Estas novedades surgen un día después de que el Gobernador, al inaugurar las sesiones ordinarias de la Legislatura, cuestionara una vez más el accionar de jueces y fiscales. Jaque los acusó de favorecer con sus decisiones a los delincuentes y amenazó con someterlos al jury de enjuiciamiento (como ya lo había hecho en una entrevista publicada por este diario el 15 de marzo).

La pelea de fondo es el reclamo ciudadano por la inseguridad, que pesa sobre Jaque y su gestión desde el mismo día en que asumió por la famosa promesa de bajar los delitos 30% en seis meses que hizo durante la campaña. Ahora, el mandatario asegura que el Ejecutivo “está poniendo todo lo que tiene que poner” en la lucha contra la delincuencia», pero que todo ese esfuerzo se frustra porque en la Justicia no se observa el mismo compromiso.

Para Nanclares, las palabras del Gobernador fueron una intromisión del Ejecutivo en otro poder que ya tiene mecanismos para regular la conducta de sus miembros.

Cazabán cree que el presidente de la Corte interpretó mal el discurso y consideró que las declaraciones que hizo al término del mismo fueron “una reacción corporativa”. Además, vinculó ese supuesto mal desempeño de los fiscales en particular con la inexistencia de criterios de política criminal “que debería fijar el procurador” Rodolfo González.

Precisamente, para solucionar esa “falencia” apuestan a que el procurador, bajo el título de fiscal general, sea elegido por el voto popular. Ésta es una de las modificaciones que el oficialismo pretende incluir en la reforma de la Constitución (ver aparte) que empezará a debatir en las próximas semanas.

“El jefe de los fiscales es el que debe establecer esos criterios que marcan las interpretaciones que se deben respetar en caso de excarcelaciones o reincidencias, por ejemplo”, argumentó Cazabán.

El procurador se ha transformado también en un blanco recurrente del peronismo desde que volvió al poder. A poco de asumir, Jaque envió un proyecto para modificar el ministerio público que preveía la creación de la figura del fiscal general y dejaba para González sólo las defensorías oficiales, recortando así su poder. Pero el texto aprobado fue muy distinto y lejos estuvo de reducir las atribuciones del apuntado.

(Telam)

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