No hay peor droga que la hipocresía y la ineficiencia

Alejandro Sosa

Por Dr. Alejandro Sosa

El Fallo que emitió la semana pasada la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Arriola” ha generado, tal como se esperaba, más de una polémica.Sin embargo, muchas veces por ignorancia de quien emite alguna opinión y otras muchas por la mala información –que no creo inocente- de los medios de comunicación, el tema no parece estar del todo claro.

En primer término, es necesario decir que el fallo no despenaliza la tenencia de droga para consumo personal, tal como se puede leer o escuchar por ahí. La resolución del Tribunal hace referencia solamente a la marihuana –no a la “droga” en general- consumida en ámbitos privados. Por otra parte, y si bien declara como inconstitucional el artículo 14.2 de la ley de estupefacientes (23.737), el Poder Judicial no puede legislar y por lo tanto esa resolución es para el caso en particular. Es decir, la ley sigue estando vigente sancionando incluso a quienes tengan en su poder drogas para consumo personal. Lo cierto es que la sentencia fija un precedente que, indudablemente, esgrimirán de aquí en más quienes se encuadren en una conducta similar a la del caso sentenciado. Esta circunstancia hace que, por ejemplo, en Mendoza el ministro de Justicia y Seguridad, Carlos Ciurca, haya asegurado que la Policía provincial seguirá deteniendo a estas personas y poniéndolas a disposición de la Justicia Federal.

Lo cierto es que de este punto a sostener que se ha legalizado el consumo de drogas en la Argentina hay un trecho importante y que, casi no quedan dudas, muchas veces esa idea ha sido motorizada por formadores de opinión que están en desacuerdo con el pronunciamiento del máximo tribunal y/o con el Gobierno Nacional.

Más allá de cuestiones semánticas, de malas interpretaciones y malas intenciones comunicacionales, resulta imprescindible que trascendiendo este fallo, nuestras autoridades judiciales, legislativas y ejecutivas encaren seriamente el problema de la droga, ahora sí hablando en términos generales.

Las cifras de esta problemática en Argentina son realmente preocupantes, y dejan en evidencia que nuestro país dejó de ser un lugar de tránsito, tal como sostiene aun hoy más de un funcionario con una alta dosis de hipocresía e ineficiencia. En 1995, el país tenía más de 300.000 consumidores habituales de drogas ilegales. Según el último estudio de la Secretaría de

Programación para la Prevención de la Droga y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), el 57% de los estudiantes universitarios del país consume tabaco, un 92% alcohol, un 10% tranquilizantes, un 4% estimulantes, un 17% marihuana y un 2% cocaína.

El estudio también revela algo llamativo, que es el perfil de quienes son detenidos por tenencias de estupefacientes. El detenido nació, en promedio, en la década del ´80, atravesando la adolescencia en los ’90, década –infame que algunos le llaman- en la que muchos de ellos también cometieron su primer delito. Asimismo, en relación a los delitos cometidos, los que configuraron el inicio en la “carrera delictiva” son aquellos cometidos contra la propiedad, robos y asaltos a mano armada: entre ambos se encuentran entre el 80% y el 95% del total de delitos cometidos por primera vez. Las edades de comisión de estos primeros delitos se ubican entre los 14 y 15 años. Las razones declaradas para la comisión del primer delito, se ubican en la denominada “lógica de la provisión”, la necesidad de contar con dinero para cubrir necesidades de comida, vestido y droga.

Lo que nos muestran los números es que la droga es un problema gravísimo para la sociedad argentina. Y que las autoridades han demostrado no saber cómo paliar la situación. Condenar a alguien que consume porque, en definitiva, es un enfermo, es a todas luces una medida que intenta brindar respuestas al conjunto de la sociedad, que muchas veces pide que alguien vaya preso aunque no sepa bien quién ni por qué.

Pero, en verdad, ¿a alguien podría ocurrírsele que la medida es efectiva para contrarrestar el flagelo? Quien piensa así, está olvidando que los que generan e impulsan estas cifras son quienes comercian con la misma, olvida también que el sistema de salud del país no tiene los medios necesarios para contener a los enfermos, que la ley de estupefacientes muchas veces se torna incumplible, se olvida además del papel que juega la situación socio-económica en este aspecto. Es decir, olvidamos más de lo que tenemos en cuenta.

Alguien podrá decir que el consumidor eligió esa circunstancia y en algún punto podría tener razón. Pero debemos saber que mientras esa decisión no afecte a los demás, los juzgados deberán atenerse al principio de reserva que establece el art. 19 de la Constitución y que los excluye de la posibilidad de juzgar acciones privadas de los hombres que no afecten a terceros.

La verdadera lucha contra la droga deberá incluir la decisión política de los tres poderes de la República para meterse de lleno con esta maquinaria, donde los consumidores son solo un apéndice menor. Abandonando esta hipocresía tan argentina como el fútbol o el asado, y siendo inflexibles con los verdaderos responsables de esta epidemia se podrá empezar a hablar de soluciones tangibles.

De no ser así, seguiremos persiguiendo a enfermos o a perejiles, en una muestra más de las tan nacionales “jugadas para la tribuna” que a diario nos entregan nuestros dirigentes.