La cantidad de hectáreas que fueron compradas por inversores foráneos representan lo mismo que naciones como El Salvador.

La venta de tierras argentinas ya suma 2,3 millones de hectáreas, lo que podría compararse con el total de la superficie de otros países, como El Salvador. El número proviene de los sondeos que presenta el Ministerio de Justicia nacional, cinco días antes de que venza el plazo dado por la reciente Ley de Tierras para que los extranjeros declaren los terrenos rurales de su propiedad.

La superficie declarada al Registro Nacional de Tierras Rurales (RNTR) equivale a El Salvador, la comunidad valenciana o 113 veces Buenos Aires, pero la Federación Agraria Argentina (FAA) estima que el total es muy superior y que puede rozar los 20 millones de hectáreas.

Basta con mirar a los centenares de kilómetros de la Patagonia argentina vallados con alambradas de púas por la familia italiana Benetton, el mayor terrateniente extranjero, que tiene en su poder 900.000 hectáreas, dedicadas a la producción lanar.

El censo oficial está encabezado hasta el momento por las provincias norteñas de La Rioja y Salta, con 407.323 y 334.834 hectáreas en poder foráneo, precisaron los voceros oficiales.

Según los registros oficiales, los propietarios estadounidenses cuentan con 461.353 hectáreas, mientras que los italianos han declarado formalmente 455.322 hectáreas.

La Ley de Tierras, aprobada por el Parlamento en diciembre, busca «proteger los recursos naturales argentinos, como política estratégica del país en un contexto global de crecimiento demográfico y aumento de la demanda alimentaria y energética», según el Ministerio de Justicia.

Para ello, establece que el porcentaje de territorio argentino en manos foráneas no debe superar el 15 % del territorio nacional y ninguna nacionalidad puede copar más del 30% total.

Además, el texto aprobado prohíbe que los extranjeros compren más de mil hectáreas por región, aunque al no prever retroactividad, no vulnera derechos ya adquiridos, como las más de 150.000 hectáreas que el magnate estadounidense Douglas Tompkins posee en los Esteros del Iberá (noroeste).

El impulsor de la ley, el diputado de la opositora Unión Cívica Radical Pablo Orsolini, declaró que los mayores logros de la norma son ganar control sobre la «soberanía nacional» y «poner restricciones a la adquisición de tierras con recursos naturales, en especial donde hay agua dulce».

Orsolini remarcó que la norma tendría que haber ido más lejos y «proteger contra los desalojos» a la población que, propietaria o no, «tiene derechos adquiridos sobre la tierra al llevar generaciones viviendo en ella».

«Están expulsando a pobladores originarios y también a criollos que no son propietarios pero que ocupan la tierra desde hace mucho tiempo. La ley debería frenar los desalojos o realojarlos», denunció el diputado radical.

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