Es por un pedido de la abogada querellante, que representa un a ex empleado de la empresa. La medida también involucra al ex procurador del Tesoro, Rodolfo Díaz. Según la letrada, en la operación se violaron normas legales que permitieron que la compañía se cotizara en un tercio de su valor real.

La ampliación de una denuncia penal y la producción de una serie de medidas de prueba en la causa contra la ex funcionaria María Julia Alsogaray por presunto incumplimiento de sus deberes en la venta de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) fue solicitada hoy al juez federal Daniel Rafecas.

El pedido lo formuló la abogada Liliana Alejandra Zabala, quien actúa como querellante -en representación de un ex empleado de ENTEL- en el sumario penal que también involucra al ex procurador del Tesoro de la Nación y ex ministro de Trabajo Rodolfo Díaz.

La letrada, para quien -en contra del dictamen del fiscal Jorge Di Lello- la causa «no está prescripta», sostuvo que ENTEL se vendió violando normas legales, ya que no se tomó una tasación del Ministerio de Economía sino del Banco Nacional de Desarrollo (BANADE).

Eso permitió, de acuerdo a la querellante, que, por cuestiones contables, ENTEL fuera cotizada en 1.900.000 dólares, cuando según estimaciones, su valor real triplicaba esa suma.

Al ampliar la querella y el objeto de la denuncia, la abogada involucró a las empresas Telecom y Telefónica de Argentina de las que pretende que informen que «precisen el modo de pago al Estado Nacional», «quien lo autorizó» y «cuales fueron los títulos de la deuda externa que se usaron para pagar ENTEL».

La letrada responsabilizó a las empresas telefónicas porque «no evitaron los efectos negativos sobre el empleo y la pérdida de puestos de trabajo» como lo requería la Ley 23.696 de reforma del Estado.

Sobre tal punto, Zabala reclamó que se investigue «cuantos empleados de ENTEL fueron despedidos o prescindidos por acuerdos de retiros voluntarios» y «con qué dinero se abonaron éstos», ya que, en su declaración testimonial ante Rafecas, expuso su duda de que se utilizara dinero de las licenciatarias.

La acción penal también pretende que se determine qué grado de responsabilidad tiene Alsogaray por omitir incluir en los estatutos de venta de ENTEL el derecho de los trabajadores a participar en las ganancias.

En agosto de 2008, en el caso «Gentini», la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad del decreto 395/92, por el cual se eximía a las empresas telefónicas de pagar a los trabajadores los bonos de participación en las ganancias.

(Telam)

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