La Comisión Nacional de Valores prohibió a las sociedades de Bolsa, fideicomisos o administradoras de fondos comunes de inversión realizar operaciones bursátiles, de compra o venta de acciones y otros instrumentos financieros que provengan o se destinen a esos países que cuentan con secreto bancario.

A través de una Resolución difundia ayer, la Comisión Nacional de Valores prohibió a las sociedades de Bolsa, fideicomisos o administradoras de fondos comunes de inversión realizar operaciones bursátiles, de compra o venta de acciones y otros instrumentos financieros que provengan o se destinen a esos países que cuentan con secreto bancario.

Las operaciones sólo se podrán hacer cuando «sean efectuadas u ordenadas por sujetos constituidos, domiciliados o que residan en dominios, jurisdicciones, territorios o Estados asociados que no figuren dentro del listado publicado por la Unidad de Información Financiera (UIF)».

En el Banco Central se está analizando el tema y podría adoptar medidas complementarias tendientes a restringir también las operaciones financieras con esos destinos, según informa hoy el diario Clarín.

Los paraísos fiscales son países o plazas financieras donde rige el más estricto secreto bancario y fiscal, no se pagan o se pagan muy pocos impuestos y, por esa razón, allí tienen su sede legal -no real- buena parte de los grandes grupos económicos y financieros. Entre los más conocidos están las Islas Caymán, Bahamas y Luxemburgo.

También la AFIP implementó un sistema que «bloquea» la devolución del IVA o el pago de los reintegros a las exportaciones cuando se realizan a través de estos paraísos. Según el organismo que dirige Ricardo Echegaray, el 50% de las operaciones de exportación -que representa el 80% del monto exportado- se triangulan o se liquidan con fondos que provienen de bancos radicados en esos destinos.

En ese caso, la AFIP coloca cada una de esas operaciones «bajo control e investigación» para verificar, por ejemplo, que el precio de origen coincida con el del destino y que no haya ni subfacturación ni sobrefacturación. «Si está todo bien, los pagos se liberan. Pero hasta que no concluya la investigación, se demora la liquidación del reintegro o la devolución del IVA», explicaron en la AFIP.

Según los datos del Banco Central, a partir del inicio de la crisis internacional, desde mediados de 2007 hasta fines de marzo de 2009, salieron del sistema financiero al exterior, a cajas de seguridad o «al colchón» más de 37.000 millones de dólares.

Solamente en el primer trimestre de este 2009 la «fuga» fue de casi u$s 5.700 millones. Se estima que este proceso continuó con una salida de u$s 1.500 millones.

(Telam)

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