Fiscal de estado joaquin de rosasEl fiscal de Estado adjunto, Joaquín De Rosas, radicará hoy la querella ante el juzgado federal de San Rafael. Presentará ante el juzgado a cargo del Dr. Rául Acosta una medida cautelar en favor de los consumidores de gas del surmendocino por el tarifazo del gas. La acciónde amparo apunta a que ni el gobierno provincial ni los particulares lo paguen.La Provincia terminará hoy de iniciar querella a la Nación contra el pago del cargo fijo para medianos y grandes consumidores de gas natural.

Esta mañana en San Rafael el fiscal de Estado a cargo, Joaquín de Rosas, se presentará ante el juez federal Raúl Acosta para promover acción de amparo contra el Estado Nacional, el Ente Nacional de Regulación del Gas contra Ecogas, para reclamar que se interponga una medida cautelar en favor de los consumidores de gas de San Rafael, Malargüe y General Alvear.

La presentación es complementaria de una acción similar que la Fiscalía de Estado llevó a cabo el viernes pasado ante la jueza federal Olga Arrabal, en defensa de los usuarios de gas de los quince departamentos restantes, incluido el Gran Mendoza. La acción de De Rosas es de oficio como órgano extrapoder, aunque fue instada por dos legisladores de la oposición cobista (Aníbal Rodríguez y Guillermo Amstutz) y cuenta con «un guiño» del propio Jaque.

Ambas acciones de amparo no sólo incluyen a los consumidores particulares de gas natural de Mendoza sino también al propio Estado provincial. «La Provincia resulta titular del servicio de gas natural provisto por la firma Ecogas» en «todas las oficinas administrativas, edificios públicos donde funcionan escuelas, centros de salud y de asistencia social, seccionales policiales y despachos judiciales», dice la presentación.

El cargo fijo fue dispuesto por el decreto nacional 2067/08 y apunta a recaudar los fondos necesarios para afrontar el pago de las importaciones de gas desde Bolivia y Venezuela, que requiere la Argentina por no autoabastecerse de este combustible gaseoso.

Desde el Gobierno nacional se afirma que «los cargos sólo afectan al 19 por ciento de los consumidores domiciliarios, que son los de mayor capacidad adquisitiva» y que «únicamente han existido errores de facturación en un 5% de usuarios, que recibirán las correcciones correspondientes».

Con su presentación en San Rafael, el fiscal De Rosas no sólo incluyó a los consumidores del Sur provincial, sino que además se constituyó ante la Justicia como Defensor del Pueblo u ombudsman, una figura no prevista en la legislación mendocina, pero implícitamente incluida en las facultades legales de la Fiscalía de Estado.

Además, las presentaciones de la Fiscalía incluyen al Estado provincial como un gran consumidor que resulta principal castigado con el cobro de este cargo fijo. «El Estado provincial no sólo resulta lesionado directamente en su patrimonio por un tributo o exacción inconstitucional sino también como guardián de la salud y la seguridad pública y directamente interesado en la protección de sus ciudadanos», dice el escrito.

Considera que el aumento en los importes de las facturas del gas «produciría un colapso absoluto en las finanzas públicas provinciales, ya que prácticamente la totalidad de las dependencias oficiales cuenta con el servicio provisto por la empresa Ecogas SA».

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