MontoroSerá a las 11 en la sede de la Gobernación. Los miembros académicos, científicos y políticos de este organismo enfocado a reordenar el sector sanitario analizarán  informes de situación del encargado del EPAS, Javier Montoro, y del interventor de OSM S.A. Gonzalo Dávila. La empresa Nunca pagó el canon, ni los créditos, sólo hicieron 17% de las inversiones obligatorias.

Hoy en el Salón Patricias Mendocinas,  4º piso de Casa de Gobierno, se reune el Consejo Asesor de Agua Potable y Saneamiento.

Integrado por representantes académicos, científicos y políticos reordenar el sector sanitario a partir de la intervención de la empresa concesionada.

La creación de este Consejo Asesor, como órgano multidisciplinario de asesoramiento, está ligado a la intervención del Estado a OSM S.A., para regularizar las prestaciones que esta empresa brinda a gran parte de la población.

Convocados por el Ente Provincial del Agua y el Saneamiento (EPAS)  se invitó a participar a los Ministerios de Gobierno e Infraestructura, Vivienda y Transporte, Fiscalía de Estado, Asesoría de Gobierno, Departamento General de Irrigación, Sindicato del personal de OSM, presidentes de bloques legislativos de ambas Cámaras, centro Científico Tecnológico (ex CRICyT), CELA (Centro de Economía, Legislación y Administración del Agua), INA (Instituto Nacional del Agua), CRA (Centro Regional Andino) y universidades públicas y privadas.

En la reunión se analizarán informes de situación el encargado del EPAS, Javier Montoso, y del interventor de OSM S.A. Gonzalo Dávila.

La intervención

Por Decreto del Poder Ejecutivo en acuerdo de ministros se dispuso la intervención del Obras Sanitarias Mendoza SA, empresa controlada por operadores extranjeros, por gravísimos incumplimientos y deficiente prestación de servicios. La medida tiene fundamento en la Ley 6044 art. 48 y en el Contrato de Concesión.

El operador, los accionistas y sus gerentes nunca cumplieron sus obligaciones. No invirtieron, no expandieron, no aceptaron nunca el control del Estado.

Nunca se exigieron las multas, nunca se exigió el canon. Mientras tanto, los directores de la provincia (algunas veces la secretaria del ministro), y los síndicos firmaban y consentían balances.

Fracasó el Ente, por falta de reconocimiento de sus resoluciones que eran recurridas a la Suprema Corte. La contumacia era apañada por funcionarios del Gobierno provincial.

Jactancia del incumplimiento; abuso procesal juicio ante el Ciadi. Mientras tanto, como otros tantos concesionarios argentinos, se jactaban de no haber pagado nunca, aduciendo que había comprado la empresa y que el Estado no tenía control de gestión.

Había demandado al Estado nacional ante el Ciadi, maniobra abusiva para extorsionar a la Provincia por el riesgo de condena.

Un juicio sin sentido, en el que la Provincia no se ha defendido, pues no la han notificado. De hacerlo, ningún riesgo se corre pues son todas falacias del operador. Su demanda es improponible, salvo negligencia del cuerpo de abogados del Estado.

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